Otro regalo de Rato: el fallo del TS puede rebajar en otros 2.700 millones lo que se recuperará de Bankia

La sentencia del Tribunal Supremo, publicada este miércoles y que resuelve a favor de los accionistas de la salida a Bolsa de Bankia ya que ésta se desarrolló con graves irregularidades por "graves inexactitudes del folleto de la oferta pública" podría complicar la privatización de la entidad nacionalizada. Y es que a falta de conocer la sentencia al detalle (está en fase de redacción) fuentes jurídicas apuntan a que la contundencia de la resolución del alto tribunal podría abrir la puerta a que todos los accionistas minoristas (e incluso los institucionales) reclamaran la devolución de los 3.092 millones de euros captados en julio de 2011.

De ser cierta y materializarse esa posibilidad, que cientos de nuevos afectados demandaran a la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri, sería una nueva piedra en el camino a privatizar Bankia. Y es que actualmente el banco tiene provisionados 1.840 millones de euros ante posibles contingencias y demandas relacionadas con la salida a Bolsa (pese a que el importe reclamado actualmente en los juzgados es de 840 millones). De incrementarse las cantidades reclamadas, Bankia tendría que llevar a cabo una nueva provisión contra capital, lo que podría empujar a la baja el precio. Este miércoles la entidad lideraba las caídas del sector en los parqués, con un descenso del 0,86%.

"Hay pruebas materiales de sobra para saber que los folletos no reflejaban la imagen fiel de la entidad: la rebaja del rating que aprobó Fitch pocos días antes de la OPV, la multa al auditor Deloitte por sus irregularidades, la reformulación de las cuentas de 2011..."

En el caso de que los tribunales dieran la razón a todos los que compraron acciones, tanto particulares como institucionales, el Estado tendría que asumir un coste de 2.649 millones de euros. Este gasto adicional se tendría que descontar del hipotético precio obtenido por la privatización de la entidad. De éstos, 1.855 los pagaría BFA, la matriz, y otros 794 millones por la participación del 64,2% en Bankia. El banco cotizado asumiría los primeros 400 millones de las demandas, y desde ahí asumiría íntegramente BFA.

Uno de los abogados que impulsaron la demanda ratificada este miércoles por el TS es José Antonio Ballesteros, quien desde Oviedo emprendió un proceso que ha acabado, en la práctica, dando por tierra toda la salida a Bolsa de la cuarta entidad financiera española. Y es que en su opinión incluso los inversores institucionales podrán reclamar también la devolución de su dinero, "aunque no sé si las compañías más grandes, ya que estuviera o no bien el folleto éstas deberían saber mejor en qué se estaban metiendo", señala.

Una de las dudas que pesaba sobre este proceso era el tema de la prejudicialidad penal. Es decir, que el caso estaba instruyéndose por la vía penal, pero a falta de estar juzgado se estaba desarrollando una vía civil con sentencias masivamente favorables a los demandantes. A pesar de que la querella criminal que se juzga en la Audiencia Nacional aún está en la fase de instrucción, Ballesteros está seguro de que la sentencia civil ha demostrado sobradamente que la salida a Bolsa fue incorrecta. "Hay pruebas materiales de sobra para saber que los folletos no reflejaban la imagen fiel de la entidad: la rebaja del rating que aprobó Fitch pocos días antes de la OPV, la multa al auditor Deloitte por sus irregularidades, la reformulación de las cuentas de 2011...", explica este abogado.

Se avecinan nuevas demandas

Pero, ¿Cómo de probable es que se puedan presentar nuevas demandas reclamando los importes invertidos en la salida a Bolsa de Bankia? Mucho, a juzgar por las intenciones mostradas por organizaciones de defensa de los consumidores como Adicae, que ya han adelantado que abrirán "nuevas vías para agrupar a los clientes que aún no hayan reclamado". Dicha asociación ya representa a un colectivo de 2.238 afectados por las acciones de Bankia, si bien creen que "la sentencia del Supremo abre la puerta a que todos los afectados recuperen sus ahorros", según ha señalado la organización en un comunicado tras conocer la decisión del pleno del TS.

Precisamente que la sentencia la haya decidido, sin votos particulares que se sepa, el pleno del Supremo, no es precisamente un hecho menor. Y es que al haber sido el pleno dicha sentencia pasa a sentar jurisprudencia; es decir, que pasa a ser una interepretación de obligado cumplimiento para los jueces de menor rango en la escala judicial. "Esta sentencia supone un antes y un después". Quien lo dice es Fernando Zunzunegui, socio fundador del despacho que lleva su nombre y que desde hace más de un año pleitea en la instancia civil para defender los derechos de decenas de inversores que adquirieron acciones en la OPV de Bankia.

"Esta sentencia hace justicia y los jueces han respondido a las necesidades de los ciudadanos. Una entidad no puede pasar de tener beneficios a pérdidas milmillonarias de un día para otro. El Supremo dice que los folletos eran falsos, así que todo el mundo podrá demandar", añade Zunzunegui, quien sostiene que la decisión del Supremo es de tal relevancia que el nuevo plazo para presentar demanda civil sin prescripción debería contar a partir de este miércoles. En su opinión se ha generado una gran alarma ante el hecho de que el Banco de España, los auditores, reguladores, etc pudieran haber actuado al margen de los intereses generales o de los ciudadanos. "Deberían dimitir y habría que pedirles responsabilidades. Han provocado un rescate bancario y han creado incertidumbre generalizada", sostiene.