El Supremo liberaliza por la puerta de atrás el sector de las VTC, rivales del taxi

Eran las sentencias más esperadas y este miércoles se publicaron. El colectivo taxista ya sabía que tenía muy difícil evitar que el Tribunal Supremo aprobara la adjudicación de nuevas licencias VTC a las compañías que las solicitaron. Es el fin de un largo proceso judicial al que han acudido decenas de empresas que han podido solicitar licencias VTC desde abril de 2013 hasta noviembre de 2015, cuando el nuevo reglamento de transporte realizado por Fomento a pocos días de las elecciones de diciembre de 2015 paró la especulación.

Las comunidades autónomas estaban negando las licencias pero la justicia las acababa concediendo. Y a partir de ahora, según estimaciones de los ayuntamientos, más de 10.000 licencias serán adjudicadas en los próximos meses. Son solicitudes que se han ido haciendo a las distintas comunidades autonómas durante los últimos años pero principalmente en Madrid, Barcelona y Málaga. Valencia, Sevilla, Bilbao o Galicia emergen ahora como zonas donde también caerán un gran número de VTC.

Muchos empresarios han sacado tajada de esta situación. Hasta el punto de que algunos han llamado la atención de la Justicia. Por ejemplo, Juan Ortigüela, sobre quien la Fiscalía de Málaga anunció en verano que iniciaba una investigación tras asegurar Fedetaxi que ha obtenido más de 2.600 licencias con su compañía Ares Capital. Tras declararse legal la forma de conseguir licencias, no queda claro en qué situación quedaría esta investigación. La posible reventa de las licencias es lo que se estaba vigilando, dada la práctica imposibilidad de que este empresario las explote todas.

José Andrés Díez Herrera, que fue el primer abogado en apostar hace varios años porque la ley Ómnibus liberalizaba el sector del taxi, que ha asesorado a Cabify y otras compañías para hacerse de forma casi gratuita con cientos de licencias -muchas de ellas para revenderlas- no cree sin embargo que hablemos de una liberalización del sector. "Esta liberalización podría venir por la demanda que también en el Supremo enfrenta a Uber, Cabify y CNMC contra Fomento y las asociaciones de taxi, pero no tanto de estas sentencias que sólo afectan a un periodo determinado entre 2013 y 2015". De esta demanda, que ha recaído en la misma sección que ha fallado a favor de las empresas de VTC, sí podría venir una liberalización total del sector. Según asegura Díez, el Alto Tribunal ya ha andado pasos en esta dirección y sus sentencias hechas públicas el miércoles podrían indicar una tendencia futura.

Con respecto a los derrotados, la Comunidad de Madrid con su viceconsejero de Transportes Jesús Valverde, que no ha sido condenada en costas pero pierde una gran batalla judicial. Junto con la Generalitat de Catalunya y otras administraciones, también está personada en la demanda que las enfrenta a CNMC, Uber y Cabify.

Cabify se felicita

Precisamente la compañía relacionada con Seaya Ventures, el fondo de inversión de Beatriz González, una de las poderosas hijas del presidente de BBVA Francisco González (la otra, María, es una alta directiva de Google Spain) ha emitido este miércoles un comunicado donde se felicita por la decisión adoptada por la justicia. "Favorece a los ciudadanos y a su derecho a elegir entre diferentes alternativas de movilidad. Por desgracia, España tiene una de las normativas más restrictivas de Europa, estas dos sentencias suponen un pequeño avance para seguir ampliando nuestra oferta de servicios y responder a las múltiples demandas de nuestros usuarios", ha dicho Cabify.

En el sector del transporte urbano por carretera son muchos los que comentan que Cabify, por cuanto es propietaria de licencias, no es precisamente uno de los actores más interesados en una liberalización mayor del sector que devaluara sus preciados permisos. Todo lo contario que ocurriría con algún competidor, como pueda ser Uber, que no dispone de licencias propias y siempre trabaja contratando a terceros que son los que aportan el permiso administrativo.

Y mientras tanto, Fomento ha prometido que tomará alguna medida legal para impedir la especulación con las VTC antes de final de año.