Publicado: 13/11/2015 04:00
Una nave industrial en Badajoz de Caja de España; una vivienda en La Pobla Llargar (Valencia), de Banco Santander; un local comercial en Carcaixent (Valencia) de Caixabank; una vivienda en Alzira (Valencia) de Cajas Rurales Unidas; un piso en una urbanización de Granada, de Banco Popular; una vivienda situada en Guarda (Palencia); y una finca rústica en León. Son los activos que componen la primera subasta judicial en internet que se celebra en España.
La página del Boletín Oficial del Estado habilitada para la celebración de subastas judiciales incluyó el jueves los primeros activos. De momento sólo aparecen bienes inmobiliarios, pero también incluirá bienes muebles y automóviles. En el portal se realizan subastas judiciales (efectuadas por los juzgados, bajo la responsabilidad del secretario judicial), y subastas notariales (efectuadas por las notarías, bajo responsabilidad del notario). Progresivamente se incorporarán también las subastas administrativas.
La puesta en marcha del portal supone que este será el único medio para la ejecución de subastas judiciales y notariales, poniendo fin a la figura clásica del subastero, especializado en la adquisición de activos en subastas cuya información de celebración dependía de los anuncios expuestos en los juzgados, poco accesible en general para cualquier ciudadano poco habituado a esta práctica.
La información sobre los activos que se subastan, tasación, acreedor, lugar... es accesible para cualquiera en el portal. Pero para poder pujar en estas subastas es imprescindible disponer de un certificado electrónico reconocido de persona física y constituir el depósito correspondiente (5% del valor de tasación del lote).
La activación del portal de subastas judiciales del BOE responde a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, publicada el pasado 6 de octubre. Se trata de una de las medidas que en los últimos meses más ha destacado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y que impone la obligatoriedad, a partir del próximo 1 de enero, del uso de comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia, un proyecto conocido como Papel Cero, equiparando el funcionamiento de la justicia española al de otros servicios como el de la sanidad, hacienda, o seguridad social.
La norma, en lo referido a las subastas judiciales, persigue entre otros objetivos "garantizar la fiabilidad de las transacciones a través del control de usuarios mediante certificados electrónicos reconocidos" y "garantizar la transparencia mediante la implantación del sello de tiempo y la trazabilidad de todos los procesos".
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