Empresas

Guerra entre empresas de seguridad privada 4 años después de la reforma laboral

Las compañías 'pirata', que pueden pagar a los trabajadores por debajo del convenio colectivo, roban espacio a las grandes que no pueden hacer eso.

Ignacio Cosidó (dtor. gral. de la Policía) y Juan Córdoba, presidente de Aproser
Ignacio Cosidó (dtor. gral. de la Policía) y Juan Córdoba, presidente de Aproser EUROPA PRESS

La reforma laboral lanzada por un decreto de urgencia en febrero de 2012 por el recién estrenado gobierno de Mariano Rajoy ha sido saludada por la mayoría de sectores empresariales. Sin embargo, no ha caído tan bien para algunos en el sector de la seguridad privada, uno de los mayores empleadores privados del país y donde una de las condiciones que ofrecía la nueva regulación -posibilidad de una empresa de 'descolgarse' del convenio colectivo sectorial si se encontraba en pérdidas- ha provocado la guerra entre distintas compañías. Según la reforma laboral aprobada por el PP, una empresa puede reducir las condiciones de trabajo (básicamente, el sueldo) de los empleados por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.

"Nosotros estamos compitiendo pagando los sueldos del convenio a los trabajadores, entonces una empresa que compite ofrece un precio muy inferior, tras lo cual se declara en pérdidas y baja los sueldos a los trabajadores argumentando que no les puede pagar. Donde se pagaba 1.000 ahora se paga 700. Creemos que esto desvirtúa el espíritu de la reforma laboral", dice Ángel Córdoba, presidente de la patronal Aproser. Sus palabras a favor de los empleados suenan raro dentro del mundo empresarial. Pero a sus empresas de seguidad privada no les interesa bajar los sueldos a sus empleados. ¿Por qué?

"Las empresas grandes no pueden hacer estos descuelgues, porque entonces se rompería la paz social que tienen con los sindicatos y por la que éstos también les ayudan a ocultar cosas. Pero las empresas pirata nuevas que aparecen sí lo hacen y se están llevando muchos contratos", asegura a este diario Avelino Arroyo, del Sindicato de Trabajadores de Seguridad. Según datos del sindicato FTSP-USO, hasta marzo de 2015 hasta un 20% de los trabajadores de seguridad sufrían los efectos del 'descuelgue' de los convenios y habían pasado a estar regidos por convenios peores que el convenio general de seguridad privada. Este informe aseguraba que "algunas de esas empresas sólo tienen contratos parciales, pero hacen trabajar a sus vigilantes a jornada completa. Además pagan las horas extras en negro", aseguraba este sindicato.

"Es cierto que estamos solos en CEOE defendiendo estos puntos de vista, pero pensamos que aunque el descuelgue haya sido positivo para algunos, no lo ha sido igual para todos porque no todas las empresas tenemos las mismas características", certifican en Aproser. En esta asociación sólo permiten asociarse a empresas que no permitan los descuelgues de convenio.

El sector público alienta 

Los responsables de Aproser han denunciado que en muchas ocasiones es la propia administración pública la que fomenta esta hipercompetitividad entre compañías. Uno de los casos denunciados fue protagonizado por Marsegur, una empresa propiedad de Seguridad Integral Canaria, compañía que ha logrado muchos contratos en los últimos años en la Comunidad de Madrid. Según denunció en su momento Podemos, Marsegur como filial encubierta de SIC "bajó el sueldo un 33% a cada vigilante para que pasaran de ganar 1.150 euros al mes a 750, lo que supondría "un ahorro de 1.800 euros por trabajador" de los centros de vigilancia de menores a cargo de la administración autonómica, según denunció la joven diputada Isabel Serra.

Hay que tener en cuenta que el sector es muy competitivo lo cual favorece la aparición de nuevas compañías. La seguridad privada cuenta con 1.534 empresas, de las que un 82% tiene menos de 50 empleados. Aproser sólo reúne a unas pocas, pues sus compañías representan a 5.000 trabajadores (Prosegur o Securitas son algunas de las más importantes) mientras que muchas otras de relevancia quedan fuera. Entre ellas, Ombuds-Casesa (fusionadas a final de año) o la citada Integral Canaria. En el total del sector se emplea a 78.200 profesionales con una fuerte presencia local, y mercados de gran relevancia sobre todo en Madrid, Cataluña y Andalucía.

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