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El PSOE busca vías de agua en el PP con la reforma energética y el sector naval

El ministro de Industria, José Manuel Soria, en una de sus comparecencias en el Senado.

El rodillo de la mayoría absoluta es implacable. Hay ejemplos de toda clase y condición y uno de los últimos, el más polémico de los proyectos legislativos en trámite parlamentario, es el de la aprobación de la nueva Ley del Sector Eléctrico, que mañana se vota en el Senado.

El Grupo Parlamentario popular ha practicado la política de tierra quemada con las enmiendas de los grupos de la oposición, que han sido rechazadas de plano tanto en la Comisión de Industria del Congreso como en la del Senado.

Ha sido tal la falta de permeabilidad de la Ley a las enmiendas propuestas por el resto de partidos que la norma va a salir del Senado casi reescrita con respecto al texto que se aprobó en el Consejo de Ministros del 12 de julio, pero sólo con las enmiendas presentadas por el PP.

El PP ha reescrito casi al completo la Ley Eléctrica con enmiendas tan polémicas como la de no costear el déficit de tarifa o la de permitir que los inspectores entren en las casas con placas solares sin autorización judicial

En poco o nada se parece el texto actual del de hace 5 meses, debido principalmente a la introducción de enmiendas tan polémicas como la que obliga a las eléctricas a asumir el déficit de tarifa de 3.600 millones por el 'no' de Montoro a sufragarlo o la que consagra la potestad de los inspectores para entrar en las viviendas con placas solares con sospechas de fraude sin autorización judicial.

En este contexto, el Grupo Socialista en el Senado ha decidido liderar la revuelta contra una Ley que ha puesto patas arriba el sector eléctrico y que va a afectar negativamente a todas las partes: empresas, inversores, consumidores y hasta las arcas del propio Estado van a sufrir en los próximos años las consecuencias de la norma, denuncian fuentes cercanas al principal partido de la oposición.

El último estertor de la batalla se dará mañana en el Pleno del Senado. Según las fuentes consultadas, el portavoz de Industria del PSOE, Jesús Alique, acusará al Gobierno de provocar una avalancha de demandas nacionales e internacionales por los efectos retroactivos y la inseguridad jurídica que consagra la Ley, especialmente en el área de las renovables.

También denunciará Alique la fuerte subida del precio mayorista de la electricidad que se está produciendo estos días previos a la subasta Cesur, lo que anticipa un importante incremento en el recibo de la luz a partir del 1 de enero.

Ya no hay vuelta atrás y la Ley Eléctrica se votará mañana en el Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva antes de fin de año

El PSOE reconoce que la batalla por tamizar la Ley del Sector Eléctrico está perdida, porque la norma volverá al Congreso tal y como está ahora, de donde saldrá directa para el BOE previsiblemente en el Pleno del 19 de diciembre.

Sin embargo, donde creen el PSOE y otros partidos de la oposición que sí hay resquicios para poner contra las cuerdas al PP y abrir algunas vías de agua en su estrategia en temas económicos y empresariales es en lo referente al sector naval público.

El PSOE coge la bandera de la defensa del sector naval público, vapuleado estos días por la polémica gestión del presidente de Navantia, que se ha dejado escapar el contrato para construir cuatro metaneros a Gas Natural

El senador Alique prepara una batería de medidas, que van desde la pregunta parlamentaria a la iniciativa legislativa pasando por la comparecencia del ministro de turno sobre la política del Gobierno en Navantia. La gestión del presidente de los astilleros públicos, José Manuel Revuelta, ha sido puesta en tela de juicio por la oposición, pero también por algunos barones del PP. Concretamente, por Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, que ha pedido oficialmente su cabeza.

En Moncloa, y concretamente en Hacienda, Ministerio del que depende la Sepi, sociedad propietaria del grupo naval, no se dan por aludidos.

Pero Navantia está sin carga de trabajo para los próximos años y las únicas vías, al menos a corto plazo, de mantener la carga de trabajo y la plantilla del grupo estatal, se han ido al garete.

El Gobierno central y gallego tratan de reconducir las relaciones con Pemex para que dé trabajo a los astilleros públicos y buscan un  nuevo contrato con Gas Natural para construir un quinto gasero

La guerra en el seno de Repsol se ha saldado, por ahora, con la suspensión temporal por parte de su accionista Pemex de la adjudicación de dos barcos hoteles que iban a ser construidos en el naval de Galicia y que ahora están sometidos a concurso público internacional.

También ha dejado escapar Revuelta la adjudicación por parte de Gas Natural Fenosa (este último apellido de la eléctrica catalana es muy gallego) de la construcción de cuatro gaseros, que se van fuera de España (Japón y Corea).

Es verdad que tras las presiones políticas, Pemex se va a replantear su estrategia en Galicia y que Gas Natural ha dejado caer, no con mucho entusiasmo, que Navantia será invitada al proceso de selección del astillero que construirá un quinto gasero.

El Grupo Socialista en el Senado tiene previsto esta semana abrir un nuevo frente crítico con la política gubernamental. Alique ha confirmado a Vozpópuli que se verá a finales de esta semana con sus compañeros andaluces y gallegos, donde se ubican los principales astilleros de Navantia, para preparar una acción conjunta para pedir explicaciones al PP sobre su política en el sector naval.

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