Banco Popular Saracho encargó un informe a Uría para revisar la pensión de Ron

Cinco firmas/bufetes han revisado ya la prejubilación de Ron: Garrigues y Sagardoy, dando por buena la mitad -13 millones- de la pensión; y Uría Menéndez, Pérez Llorca y KPMG, declarándola irregular.

Ángel Ron, Emilio Saracho y Pedro Larena (de izda. a dcha.) en el traspaso de poderes al frente de Popular.
Ángel Ron, Emilio Saracho y Pedro Larena (de izda. a dcha.) en el traspaso de poderes al frente de Popular. Popular

Guerra de informes en torno a la pensión de Ángel Ron. Hasta cinco bufetes o firmas especializadas han intervenido en el análisis de los 24,2 millones con los que el expresidente pactó jubilarse de forma anticipada. El resultado ha sido que Santander -a través de Banco Popular- ha decidido reclamar más de la mitad del dinero, 12,8 millones, según avanzó El Pais

La disputa se extiende a otros tres exdirectivos: los ex consejeros delegados Francisco Gómez y Pedro Larena y el exsecretario general, Francisco Aparicio. El expresidente Emilio Saracho y su ex número dos, Ignacio Sánchez Asiaín, han quedado fuera de la batalla ya que dejaron el banco sin prejubilación y sin haber percibido remuneración variable.

Este enfrentamiento surge de la normativa europea que fija que entidades en resolución no puedan repartir pagas variables a sus directivos, e incluso se puedan reclamar las ya percibidas. Ron pactó dejar Popular con una pensión de 24,2 millones. De los cuales 8,5 millones estaban ya acumulados en su 'hucha' del banco, y otros 15,6 millones se pactaron a cambio de que Ron no volviera a trabajar en el sector financiero hasta su jubilación. 

Entrada de Uría

Para fundamentar esta prejubilación, Popular -todavía con Ron al frente- encargó un informe a Garrigues, que dijo que la remuneración era legal. Ya con Saracho fichado como nuevo presidente, la entidad contrató a Sagardoy Abogados, bufete especializado en cuestiones de gobierno corporativo, que también dio la razón a Ron.

El tercero en discordia fue otro encargado por Saracho, en este caso a Uría Ménendez, bufete de cabecera suyo y de Santander. Aunque el encargo directo fue de la Comisión de Remuneraciones. El despacho consideró que el pacto de no competencia no podía exceder de dos años y que los otro nueve años firmados por Ron debían quedar fuera. Eso dejaría los 12,8 millones como paga variable pactada por Ron con Popular, imposible de pagar debido a la cláusula 'clawback' o de recobro.

Ana Botín, en la presentación de la compra del Popular.
Ana Botín, en la presentación de la compra del Popular. Fernando Villar

Fuentes consultadas por este medio señalan que el BCE coincide con el diagnóstico de Uría, y así se lo hizo a saber a Saracho. Pero no dio tiempo a que reclamara la remuneración, ya que coincidió con la resolución y venta a Santander, por un euro. Saracho y la Comisión de Remuneraciones dejaron entonces sus conclusiones para los siguientes dueños.

Con su llegada, la entidad presidida por Ana Botín decidió encargar dos informes más. Uno a KPMG examinando las remuneraciones de Saracho y Sánchez Asiaín, ya que por un conflicto de interés no podía hacerlo también Uría. Y otro a Pérez-Llorca.

Con los distintos informes sobre la mesa, la entidad ha decidido reclamar la mitad de la pensión de Ron. El escrito va dirigido a Ron y a Mapfre, la aseguradora encargada de pagarle la pensión. Ninguno se presta a la petición de Santander, por lo que será un juez el que decida.

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