Banca

La banca reclama 1.350 millones al Estado por el fiasco del Castor

Santander, Caixabank y Bankia han presentado la reclamación al Gobierno después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto ley que permitió a Escal UGS cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas

Plataforma del proyecto Castor
Plataforma del proyecto Castor EFE

Banco SantanderCaixaBankBankia exigen una solución para el Castor. Las tres entidades han presentado ante el Tribunal Supremo (TS) una demanda contra el Estado, según ha informado EFE. Reclaman los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas instalado en aguas de la costa de Castellón.

Las entidades, que adquirieron los derechos de cobro por el retorno de la concesión al Estado durante 30 años, empiezan a pierden la paciencia y han exigido al Gobierno el monto adeudado. Los tres bancos requirieron el pasado abril una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que se hizo efectiva mediante una petición ante el Consejo de Ministros. La solicitud no obtuvo respuesta, por lo que se entiende desestimada y cabe ahora la posibilidad de recurso. De ahí que ahora hayan decidido recurrir ante el Alto Tribunal por los daños y perjuicios sufridos.

Los perjudicados presentaron la reclamación al Gobierno después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas. Posteriormente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dejó de reembolsar lo financiado por las tres entidades.

Seis años del cierre

En septiembre de 2013, el Ejecutivo suspendió la actividad del almacén de gas tras los seísmos registrados en la zona; cuatro años después, el Tribunal Constitucional anuló la indemnización de 1.350,7 millones de euros concedida a Escal UGS por la hibernación del proyecto.

Tras esta decisión judicial se dejaron de abonar los pagos a Enagás por el mantenimiento de la instalación y a los bancos, a los que el gestor técnico transfirió los derechos de cobro.

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