Publicado: 17/01/2014 20:40
A punto de que expire el plazo para negociar una solución al conflicto del Canal de Panamá, la Comisión Europea se ha expresado por primera vez. Su vicepresidente Antonio Tajani, que también es comisario de Industria, ha ofrecido la intervención del Gobierno europeo en la disputa por los sobrecostes de la ampliación, que amenazan con paralizar los trabajos llevados a cabo por el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), en el que tres de los cuatro componentes son empresas europeas: la española Sacyr, la italiana Impregilo y la belga Jan de Nul.
Tajani aseguró que la representación de la Unión Europea en Panamá está lista para actuar pero también matizó que no podrá hacerlo sin una petición expresa de las compañías. Tajani no detalló de qué forma podría contribuir la intervención de Bruselas a la hora de resolver un problema eminentemente económico, como es el de la falta de liquidez de la obra, que impediría continuar con los trabajos a partir del próximo lunes.
Las palabras del vicepresidente comunitario llegan después de que el Gobierno italiano se haya pronunciado, también prácticamente por primera vez sobre la cuestión. El frente italiano, que respondió en su día por Impregilo y que ha estado aletargado durante estos días de permanente conflicto por las obras del Canal, parece haber despertado.
Su primer ministro, Enrico Letta, se reunió este viernes con Pietro Salini, consejero delegado de Impregilo, y tras el encuentro el Gobierno italiano emitió un comunicado en el que manifestaba su deseo de que los trabajos en el Canal pudieran continuar.
Problema de liquidez
Como Letta y Salini, Tajani también es italiano, fue portavoz en su día del ex primer ministro Silvio Berlusconi en el Parlamento y ha sido el primero en expresar en voz alta la intención del gobierno comunitario de intervenir en este conflicto.
No obstante, no se sabe bien ni el cómo ni el cuándo. De no mediar un acuerdo de última hora entre GUPC y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el próximo lunes se detendrán los trabajos en la ampliación. De hecho, el consorcio remitió el jueves una carta a la ACP en la que le recordaba esta circunstancia.
GUPC asegura verse en la obligación de parar la obra debido a la falta de liquidez del proyecto, afectado por sobrecostes valorados en 1.600 millones de dólares.
Las reclamaciones por estos sobrecostes se encuentran incursas en las instancias contempladas en el contrato, lo que ha provocado la asfixia financiera del proyecto. Desde que el consorcio remitiera el pasado 30 de diciembre un preaviso de paralización de las obras, ambas partes han entablado una negociación para dar solución a este problema sin que hayan conseguido, hasta el momento, llegar a un acuerdo.
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