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Luis del Rivero denuncia a Fainé ante la oficina antifraude catalana

La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) está estudiando la veracidad de una denuncia presentada por Luis del Rivero contra el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, por el presunto cobro irregular de 20 millones de euros en 2007, cuando fue ascendido de director general a presidente de la caja de ahorros de Barcelona. Dicha cantidad correspondería al fondo de pensión individual de Fainé que había acumulado desde su fichaje por la entidad catalana en 1982.

La denuncia, según fuentes conocedoras de la investigación, la habría presentado la semana pasada Luis del Rivero, máximo accionista y ex presidente de la constructora Sacyr Vallehermoso. Dicho extremo no ha sido confirmado ni desmentido desde la OAC, que en estos momentos analiza tanto la veracidad de las acusaciones como su propia competencia en el caso.

Del Rivero presentó la denuncia durante el mes de mayo, tan solo cinco días antes de que concluyese el plazo de prescripción de cinco años.

Antifraude dispone ahora de un mes para decidir si abre una investigación formal o archiva el caso

Fuentes de la entidad financiera señalan a que la Oficina Antifraude no ha abierto una investigación, sino que está cotejando la verosimilitud de la denuncia presentada contra Fainé. En La Caixa aseguran que la Oficina Antifraude se está limitando por ahora a "una evaluación previa" y niegan que haya habido irregularidades. El medio catalán 'Economíadigital.es' lo cifra en 20 millones y la cantidad no ha sido desmentida.

Entre otra documentación, Antifraude habría reclamado a La Caixa las actas del cese de Fainé como director general, su nombramiento como presidente del consejo y las cantidades recibidas por dicho ascenso y que superarían los 20 millones de euros.

El requerimiento de documentos también se ha hecho extensivo a la Agencia Tributaria para que entregue las declaraciones de la renta de Fainé correspondientes a los ejercicios entre 2007 y 2010.

La Oficina Antifraude dispone por su parte de un mes para decidir si abre una investigación formal o archiva el caso por considerar infundada la denuncia.

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