Publicado: 13/09/2012 04:00
El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr, ha tenido que forzar al máximo la maquinaria para tratar de recuperar el tiempo perdido y poder entregar a tiempo la obra que desarrolla la ampliación del Canal de Panamá. El retraso de seis meses que ha acumulado la obra está obligando al grupo a pisar el acelerador a fondo, incluyendo un incremento de los equipos de trabajo, para evitar las sanciones de hasta 50 millones de dólares que podrían imponerle si no entrega la obra a tiempo.
Actualmente, la obra se encuentra inmersa en la fase en la que las estructuras están siendo rellenadas de cemento, una etapa propicia para ganar tiempo al cronograma previsto, aunque ello requiera un esfuerzo adicional. De hecho, tanto en julio como en agosto, GUPC ha vaciado en torno a 165.000 metros cúbicos de cemento, lo que supone aproximadamente un 70% más de lo previsto en sus estimaciones originales.
La prensa local se hace eco del notable avance de la obra en los últimos meses y menciona las palabras del gerente ejecutivo del proyecto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en las que señala que “se ha notado el esfuerzo del consorcio en agregar más equipo y personal para aumentar la cantidad de vaciado”.
No obstante, fuentes de Sacyr señalaron a Vozpópuli que el cambio no se ha basado tanto en el incremento de personal como en el de productividad y señalan como punto de inflexión el cambio en la gerencia del consorcio que se produjo el pasado año, cuando el italiano Antonio Zaffaroni dejó paso al español Bernardo González. A partir de entonces hubo un cambio de esquemas que se tradujo en un notable incremento de la productividad.
Reclamación millonaria
El retraso acumulado por el consorcio de acuerdo con el cronograma previsto se debe principalmente a los problemas para dar con la mezcla adecuada de cemento para levantar las nuevas esclusas del Canal, aunque también han influido otros factores como las lluvias y los conflictos laborales, que han dado lugar a protestas en forma de huelgas.
Estas circunstancias, unidas a otras como los retrasos de determinadas licencias, han motivado que el consorcio reclame una cantidad de 537 millones de dólares (unos 450 millones de euros), en la que cifran los sobrecostes en los que ha incurrido el proyecto. El proceso está ahora en manos de la ACP, que deberá determinar si procede al pago de la indemnización, aunque posteriormente el consorcio podría recurrir a la Junta Independiente de Resolución de Conflictos y, por último, incluso a un tribunal internacional de arbitraje.
La fecha de entrega prevista en el contrato es octubre de 2014. Por delante, dos largos años en los que GUPC deberá mantener pisado a tope el pedal del acelerador para llegar a tiempo.
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