El Gobierno prepara lo que en el sector financiero podría conocerse como el real decreto CaixaBank. El Ejecutivo ultima una normativa urgente que permitiría a las sociedades mover su sede sin necesidad de convocar junta general de accionistas, según Reuters.

La entidad presidida por Jordi Gual lleva toda la semana envuelta en un laberinto legal que desenmarañaría con este real decreto. Al contrario que Banco Sabadell, CaixaBank no había pasado ya por junta de accionistas el cambio de estatutos necesarios, por lo que estaba atada de manos a un traslado rápido de la sede.

Por ello, los servicios jurídicos llevaban días buscando alternativas legales a esperar a la junta, lo que tardaría 15 días, algo complejo en un entorno de nerviosismo en las oficinas. Una de las posibilidades era apelar al origen de la entidad, como Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, para defender legalmente que su territorio natal no es sólo Cataluña, sino Baleares. Ello le hubiera permitido mover la sede con un simple consejo de administración.

La otra alternativa era acogerse a la Ley 9/2015, y argumentar que aunque sus estatutos no estuvieran actualizados esta normativa permite cambiar la sede a través del consejo de administración.

Tranquilizar a los clientes

El real decreto allanaría la situación a CaixaBank, permitiendo trasladar su domicilio social a Baleares -la opción que gana más peso-, Navarra, Madrid o Sevilla. 

Con esta medida, como la que ha tomado Sabadell, la entidad catalana buscar disipar cualquier riesgo de salida de la órbita del Banco Central Europeo (BCE). Esta mera posibilidad ha hecho que las oficinas de las dos entidades hayan lidiado con el nerviosismo de los clientes en los últimos días.