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Querella contra Florentino Pérez y cinco exministros por el Castor

Una serie de plataformas han presentado ante la Audiencia Nacional una denuncia por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación que habrían sido cometidos en la concesión del polémico almacén Castor

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El caso del polémico almacén de gas Castor podría llegar a la Audiencia Nacional, donde ha sido registrada una querella contra cinco exministros, un ex secretario de Estado; el presidente de la concesionaria Escal, Recaredo del Potro; y el presidente de ACS (accionista mayoritario de Escal), Florentino Pérez. Los presuntos delitos que se imputan son fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos. 

La querella ha sido presentada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, el proyecto activista Xnet y la Asociación en Defensa de los Derechos Humanos de Cataluña y afecta a los ex ministros Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, José Manuel Soria y Elena Espinosa. También al ex secretario general de Energía Ignasi Nieto y a Juan Gabriel Cotino, ex consejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.

La denuncia llega poco después de que el Tribunal Constitucional anulara la indemnización recibida por Escal por la renuncia a la concesión del almacén, al estimar que el mecanismo de Real Decreto que utilizó el Gobierno para articular el pago no estaba justificado. 

Al margen de los promotores de la querella, el proceso está apoyado por otras plataformas, entre ellas la de 15MPaRato, que impulsó la denuncia del caso Bankia también en la Audiencia Nacional.

En concreto, la denuncia considera que hubo malversación en la compensación por el Castor dado que se repercutió en los costes regulados del sistema (de incluyó en el recibo del gas), que se considera como caudal público. 

El proceso se centra en la concesión del almacén, tramitada bajo el mandato de Clos en Energía y firmada por Sebastián apenas un mes después de llegar al cargo. Mientras, Magdalena Álvarez está incluida en la querella porque desde el Ministerio de Fomento modificó una serie de límites marítimos entre Cataluña y la Comunidad Valenciana, con el fin de que la concesión sólo afectara a este último territorio.

Precisamente, este último presunto delito prescribiría el próximo 5 de marzo, lo que explica la urgencia a la hora de presentar la querella.



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