El PSOE se une al PP y pide también el cierre definitivo y desmantelamiento del Castor

Llevaba el PSOE varios días dando largas a la petición del resto de partidos políticos representados en el Parlamento valenciano de exigir el cierre definitivo y desmantelamiento posterior de la plataforma de gas Castor. Y al final, el partido que cuando gobernaba adjudicó a Florentino Pérez la construcción y explotación del almacén subterráneo, ha cedido y ha dado su apoyo a la propuesta liderada por el PP y respaldada por Compromís y por EUPV (Esquerra Unida del Pais Valenciá).

Al final ha habido unanimidad en la aprobación de la enmienda transaccional por la que se exige el cierre “definitivo y permanente” del almacén y el desmantelamiento posterior de toda su estructura, porque si sigue funcionando “no ofrece ninguna certeza ni seguridad de que no vuelvan a reproducirse terremotos, ni se puede garantizar la seguridad ciudadana”.

No hay partido político que en estos momentos respalde las tesis de ACS y su filial sobre el Castor.

Los cuatro partidos políticos firmantes de la propuesta se alinean con la posición del ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, que fue muy tajante esta misma semana: "En el caso de que se pueda probar que ha habido una conducta dolosa o culposa por parte del operador (Escal UGS, filial de ACS), y finalmente se decida el cese definitivo de la instalación, "no habría lugar a indemnización".

La proposición no de ley impulsada por el PP conmina a la Generalitat valenciana a que si se constata que ha existido ese dolo o negligencia por parte de la filial del grupo que preside Florentino Pérez a la hora de inyectar el gas colchón, “se exijan y depuren todo tipo de responsabilidades, tanto de la empresa concesionaria como de las autoridades que participaron en la resolución que autorizó el mismo”.

El PSOE había evitado hasta ahora pronunciarse a favor del cierre definitivo pero al final se ha visto obligado a unirse al resto de partidos por la presión social en la comunidad valenciana

Aquí el PSOE valenciano ha tenido que comulgar con rueda de molino y lanzarse piedras sobre su propio tejado, ya que fue el Gobierno de Zapatero el que adjudicó el proyecto. Es tal la presión social en la Comunidad Valenciana y Cataluña por los más de 500 terremotos que se han sufrido en el norte de Castellón y el sur de Tarragona que el líder socialista, Francesc Signes, ha justificado su decisión de apoyar al PP en esta batalla porque es “lo que la sociedad y los municipios afectados estaban esperando” y por contribuir a este “ejercicio de responsabilidad política”, porque lo que prima no es el “interés económico o empresarial”, sino “el de las personas”.

El ministro Soria, por su parte, ha reiterado ya en varias ocasiones que no se tomará decisión alguna sobre el Castor hasta que no esté cerrado el informe detallado que prepara el Instituto Geológico y Minero (IGME), pero ha avisado a ACS que sólo se reabrirá el almacén si el estudio es “muy determinante” en sus conclusiones y se existe “garantía total” de que no habrá más terremotos.

Si se demuestra que ha habido dolo o negligencia en la inyección de gas o partidas presupuestarias injustificadas en los 1.700 millones que ha costado el Castor, ACS se quedará sin indemnización si se cierra

El ministro ha insistido en que una cosa es la sentencia del Tribunal Supremo, que considera que la cláusula que prevé indemnizaciones en el caso de cese o renuncia de la actividad no es lesiva para el Estado y otra muy diferente es que se demuestre que ha habido dolo o negligencia.

Pero no sólo en la inyección de gas sino también en el desvío presupuestario que ha supuesto la construcción del almacén. Porque en Industria no sólo esperan la llegada del informe de los geólogos, que será determinante, sino también la auditoría de costes que habrá de estar terminada a finales de octubre o principios de noviembre.

El presupuesto inicial rondaba los 700 millones de euros, según Industria, y el coste final se ha disparado hasta los 1.700 millones, de forma que si la auditoría detecta desvíos injustificados del coste, ACS perdería el derecho a percibir el monto total que dice haber gastado en el Castor.