Anticorrupción abrirá diligencias sobre la gestión de preferentes en Bankia

La Fiscalía Anticorrupción abrirá diligencias sobre la gestión de las participaciones preferentes por parte de Bankia, Caja Madrid y Bancaja, después de conocerse el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), publicado por eldiario.es, que apunta que se benefició a unos clientes en perjuicio de otros. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se lo ha comunicado este viernes a un grupo de afectados que le han abordado en Santander cuando acudía a una entrega de premios sobre seguridad en la construcción.

Según ha explicado a este grupo de personas, la Fiscalía no tiene todavía esa documentación, solo el conocimiento de los hechos a través de la prensa, pero ha señalado que el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción abrirá diligencias de investigación. Torres-Dulce ha comentado que, "en principio", estas diligencias no estarán "dentro de la causa de Bankia", porque se ha excluido el asunto de las preferentes para hacer una pieza separada especial.

El fiscal general del Estado ha escuchado las quejas de estos afectados, ha reconocido que se encuentran en una situación "absolutamente indeseable" y ha confiado en que tengan la solución que "les corresponda". Del mismo modo, ha destacado que se ha dado instrucciones a los fiscales para que estén atentos a "todas aquellas actividades" en las que se revele "de alguna forma una actuación de defraudación o de no suficiente información de trascendencia penal".

"En la Fiscalía estamos abiertos a todas las posibilidades", ha subrayado Torres-Dulce, quien ha recordado que la fiscal superior de Cantabria, María Teresa Calvo, ya se lo ha comentado a los afectados de la región, con los que se ha reunido. El fiscal general ha señalado que se trata de "apurar todas las posibilidades", primero las penales y luego las civiles. Una de las afectadas ha pedido también alguna solución por parte del Gobierno, y Torres-Dulce le ha recordado que la Fiscalía no tiene intervención en los aspectos legislativos y solo puede intervenir en aquellos en los que tengan trascendencia penal o civil.