Publicado: 13/12/2016 19:37
Santander Totta, la filial en Portugal del grupo bancario español, ha comunicado hoy martes que el tribunal de apelación británico le ha dado la razón en el conflicto que mantiene con el Estado portugués por la contratación de complejos productos financieros.
Portugal recurrió una decisión del Tribunal Comercial de Londres del pasado mes de marzo que obligaba a cuatro empresas públicas a pagar unos 1.500 millones de euros a Santander. Metro de Oporto, Metro de Lisboa, Carris (autobús y tranvía de Lisboa) y STCP (autobús y tranvía de Oporto), firmaron con Santander Totta nueve contratos swap, entre 2005 y 2007. En 2013 las sociedades portuguesas, ante las multimillonarias pérdidas que estaban suponiendo dichos contratos, decidieron suspender los pagos debidos a Santander.
Los contratos de permuta financiera, swap, se emplean para proteger un crédito a un tipo de interés variable de una posible subida del Euribor. El mantenimiento de los tipos de interés prácticamente en cero por la crisis económica y financiera, provocó que los swaps contratados se tradujeran en elevadas pérdidas.
Santander reclamó los pagos ante la justicia británica -los contratos se firmaron en Reino Unido- a finales del pasado año, y obtuvo sentencia favorable en marzo. Portugal recurrió aquella decisión, que hoy a vuelto a perder.
La entidad española sostiene que siempre ha estado dispuesto a negociar una solución extrajudicial, mientras que las empresas portuguesas pretender exprimir al máximo las posibilidades judiciales que se le planteen para evitar los pagos. Las compañías lusas han tratado, por ahora sin éxito, que el caso se juzgado de acuerdo al Código Civil portugués, que facilitaría la anulación de contratos por "un cambio anormal de las circunstancias", en este caso, la crisis financiera global. Santander insiste en que los contratos se firmaron de acuerdo a la legislación británica.
La división portuguesa del primer banco español señala en su comunicado de hoy que la decisión del tribunal de apelación se ha tomado por unanimidad, y reiteran su ofrecimiento a las empresas públicas de encontrar una solución negociada.
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