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Podemos abandona ahora a los pobres energéticos y se olvida de nacionalizar las compañías eléctricas

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, en la Puerta del Sol.

La Realpolitik, o estar cerca de ella, es lo que tiene. Plantear a estas alturas del año electoral que hay que nacionalizar las compañías eléctricas para acabar con el oligopolio que ha provocado subidas de escándalo en el recibo en los últimos años o que el Estado tiene que dar la luz gratis a los hogares que sufren la pobreza energética (unos 4 millones, según los datos manejados por diversas fuentes) no parece lo más rentable de cara a las urnas.

Así lo piensan los estrategas de Podemos, que en los apartados de su programa electoral dedicados a la energía y el medio ambiente ha optado por darse un pequeño baño de realidad para afrontar las cruciales citas con las urnas del 24 de mayo y fin de año.

A las elecciones europeas del pasado año, que pusieron en escena a la formación liderada por Pablo Iglesias, se acudió con un agresivo programa en el que se planteaba directamente la renacionalización de las compañías eléctricas que algún día fueron públicas con el objetivo de bajar el precio de la luz que tanto asfixia a las economías familiares de la clase media y baja. El profesor de Somosaguas llegó a plantear la "confiscación" de los activos de las grandes compañías si no recortaban el precio de la electricidad en el programa Salvados.

Podemos pasa de la luz gratis para los más necesitados a crear un fondo autonómico que costee este "rescate ciudadano"

Luego ganó Syriza y la primera medida aprobada por el Gobierno de Alexis Tsipras fue dar "electricidad gratuita para 300.000 familias que no la podían pagar". Podemos, con Iglesias e Íñigo Errejón al frente, prometió hacer lo mismo en España si llegaran a la Moncloa.

Pero tales medidas, tan voluntarias y esperanzadoras como arriesgadas, han quedado en agua de borrajas. El programa de Podemos no incluye medida alguna sobre las tres grandes compañías eléctricas que controlan el mercado en España y sustituye la gratuidad del recibo a los que sufren el terrible drama de la pobreza energética por un "rescate ciudadano".

Fuentes del entorno de la formación consideran que nacionalizar las empresas energéticas (aquí irían las eléctricas y también las petroleras) sería contrario a la legislación de mercado nacional y comunitaria y sólo acarrearía problemas.

Medidas suavizadas

Pero el más sensible tema de los pobres energéticos, Podemos lo trata ahora con más suavidad. Ya no se mencionan Tsipras ni su rompedora medida de cobertura urgente para que los más pobres no se queden sin luz ni gas. Se habla de que los suministros de gas y electricidad han de ser declarados con carácter de servicio público, "entendiendo como servicio público una actividad cuyo objeto es la satisfacción de una necesidad colectiva, con independencia de si está gestionada por instituciones públicas o privadas".

En este aspecto, Podemos se pone más flojo que la propia Generalitat catalana, la primera en combatir con medidas directas la pobreza energética (fijó una "tregua universal" para los hogares más vulnerables), y propone que no se corte la luz o el gas a los hogares cuando se trata de vivienda habitual del consumidor y cuando el impago de la factura se produce por motivos "ajenos a su voluntad" o, sobre todo, por "pobreza sobrevenida".

El "mínimo vital de luz y gas mensuales por hogar" se fija en el 10%, pero la mayoría de familias destina un 5% de su renta mensual

Lo que debería pagar el Estado de forma directa, tal y como ha hecho Tsipras y propuso en su día Errejón, se convierte ahora en un "fondo autonómico contra la pobreza energética". Según Podemos, " se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar", que no podría superar el 10% de los ingresos mensuales de la vivienda.

Pero claro, ahora mismo, los costes básicos de luz y gas suponen, de media, en torno a un 5% de todos los gastos del hogar, con lo que el margen dado por Podemos es muy laxo. El consumidor, dice su programa, "tendrá derecho a las mismas condiciones de acceso al suministro durante el periodo de un año, un derecho que se podrá ampliar anualmente y de manera indefinida, mientras las situación de pobreza persista".

"Baño de realidad"

El rescate ciudadano que plantea Podemos para los desahucios y para los pobres energéticos han sido bandera desde sus orígenes con el 15-M, pero ahora se plantean atemperados convenientemente para las citas electorales, señalan los expertos.

"Es un baño de realidad, en estos temas y en otros, que han llevado al partido de Pablo Iglesias a poner los pies en el suelo para poder seguir soñando, en palabras de ellos mismos", señala uno de los analistas consultados.

¿Qué ocurre con las miles de familias que compran bombona de butano, a ellas no se les protege del desahucio energético si no pueden pagarla?

El programa de Podemos no concreta bien qué hogares han de ser protegidos de la amenaza del desahucio energético, porque qué ocurre con las familias que usan la bombona de butano (núcleos familiares tradicionalmente de limitado poder adquisitivo) si no la pueden pagar? ¿Cómo se articularía su "protección" ante los abusos del proveedor que no dejaría la bombona si no se paga? Otras fuentes se preguntan por qué no se ha establecido el "mínimo vital" en el 5%, en lugar de en el 10%, para tratar así de salvar a más familias del riesgo de corte del suministro.

Frente a estas cesiones que hacen de Podemos una fuerza política menos radical y más socialdemócrata, hay otros planteamientos que sí se han mantenido invariables. Nada de centrales nucleares (cierre progresivo al igual que defiende el PSOE) ni mucho menos de fracking (fractura hidráulica para extraer gas y petróleo no convencionales) y apuesta decidida por las energías renovables, tan vilipendiadas por el último Gobierno de Zapatero y, sobre todo, por el de Rajoy, y por las ecotasas a las eléctricas y los impuestos verdes a otras industrias y empresas.

Podemos también mantiene la reclamación al Estado para que obligue a las eléctricas a devolver los 3.400 millones de euros cobrados en compensación por los Costes de Transición a la Competencia (CTC).

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