Publicado: 07/06/2013 04:00
El PSOE contra sí mismo, o al menos, una pequeña parte del PSOE contra su pasado reciente (y no tan reciente). La Plataforma Ciudadana por un Nuevo Modelo Energético, un heterogéneo colectivo en defensa de las energías renovables del que el PSOE es miembro (al menos, así consta en su página web), ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que evalúe si existen “indicios de tipicidad penal” en las actuaciones de un nutrido grupo de exaltos cargos que, tras su paso por la cosa pública, se pasaron al sector energético.
El escrito cita 26 casos, entre los que, además de muchos destacados expolíticos populares, como el expresidente José María Aznar (asesor de Endesa) y Ángel Acebes (consejero de Iberdrola) hay también doce socialistas. Entre ellos, el expresidente Felipe González (consejero de Gas Natural); los exministros Narcís Serra (que también fue vocal de esa empresa), Pedro Solbes (Enel) y Elena Salgado (Chilectra, filial de Endesa), y el expresidente del Congreso Manuel Marín (presidente de la Fundación Iberdrola).
La denuncia contra las famosas 'puertas giratorias' entre política y empresas (sobre todo, eléctricas) describe “la aprobación de distintas normas por parte de autoridades pertenecientes a diferentes Gobiernos y Ministerios de Industria, que pudieran ser constitutivos de los delitos de prevaricación y de tráfico de influencias” y que “con sus actuaciones absolutamente arbitrarias, tendenciosas e injustas están perjudicando hasta la extenuación a un extenso número de pequeños empresarios y a varios millones de consumidores en aparente beneficio de un pequeño número de compañías del sector”.
El PSOE se adhirió a la plataforma Nuevo Modelo Energético a través de algunos militantes en su génesis, un acto celebrado en septiembre pasado en la antigua sede de Tabacalera, en el popular barrio de Lavapiés (Madrid), que congregó a unas 2.000 personas en apoyo de Ángel Vadillo, el alcalde socialista de Alburquerque (Badajoz) que había mantenido una huelga de hambre de 90 días en protesta contra la moratoria a las renovables.
Entre ellos, la entonces diputada y exministra Cristina Narbona, que a finales del año pasado fue designada por los socialistas para ocupar uno de los dos sillones que controla el PSOE en el consejo de administración del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y que incluso intervino en el acto en Tabacalera.
Integrantes de la plataforma señalan que, tras aquel evento, y después de un par de asambleas (el colectivo suele reunirse los lunes), “al PSOE no se le ha vuelto a ver”, pero lo cierto es que, tanto el partido como su variante madrileña, el PSM, figuran como miembros del colectivo junto a otros partidos como IU-ICV, Equo y organizaciones como CCOO y Greenpeace.
Un extremo que el secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán niega. Morán, que ha calificado de “error” los recortes retroactivos de Sebastián a las renovables, reconoce que ha colaborado con la plataforma en iniciativas como una entrevista en Bruselas, en diciembre pasado, con miembros de la Dirección General de Políticas Energéticas de la Comisión Europea para solicitar una auditoría de los costes eléctricos. Pero asegura que “el PSOE no está adherido” a ese colectivo y "nunca" lo ha estado.
Esa decisión, explica, no ha sido respaldada por la Ejecutiva federal, de la que es miembro, porque el PSOE "no es miembro de ninguna plataforma". También señala que está "en contra" de la iniciativa de la fiscalía.
Fuentes de la plataforma recuerdan que el colectivo siempre ha sido muy crítico con la política energética del PSOE en la última legislatura de Zapatero; pero señalan que en el partido eran “plenamente conscientes” de la presentación de esa denuncia y confirman su vinculación con el colectivo.
La iniciativa presentada en la Fiscalía se apoya en informaciones de prensa, comunicaciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) e información pública de las compañías del sector y lamenta, entre otras actuaciones, “la diferencia de trato” que, desde el punto de vista de los denunciantes, recibió el sector de las energías renovables con respecto a las grandes eléctricas, supuestas beneficiarias, durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y con Miguel Sebastián al frente de Industria.
También critica actuaciones de los dos Gobiernos populares, como la creación, a principios de la pasada década, del déficit de tarifa eléctrico, los multimillonarios CTC (Costes de Transición a la Competencia) y, ya en la actual legislatura, la moratoria a las primas a las renovables o las negociaciones para mantener abierta la central nuclear de Garoña.
La denuncia, que obvia los fichajes de expolíticos que, al otro lado del ring energético, también han hecho grupos de renovables como Abengoa o Acciona, se presentó este miércooles tras una campaña en Internet que recabó, en apenas 40 horas, más de 90.000 firmas, y que va como un tiro (este jueves por la tarde ya rozaba las 117.000 firmas).
La plataforma está integrada por un variado crisol de representantes, muchos de ellos ligados a la izquierda, los movimientos sociales y el 15-M. Agrupa “a personas, colectivos sociales, organizaciones ambientales, sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos por la defensa de un cambio en el modelo energético, basado en el ahorro, la eficiencia, las energías renovables y la soberanía”, según su web, y ha mantenido una activa presencia en los últimos meses, como la realización del documental Oligopoly 2, una segunda parte del famoso programa del periodista Jordi Évole estrenada el mes pasado.
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