Nadal recula: Energía estudia permitir a las eléctricas pujar por las centrales no rentables

La reunión que mantuvieron la pasada semana el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, puso de manifiesto las posiciones encontradas entre el Gobierno y la compañía respecto a las centrales de carbón. Sin embargo, a raíz del encuentro el Ejecutivo se estaría planteando introducir en el decreto que endurecerá los requisitos para cerrar plantas de generación de energía algunas modificaciones que podrían suavizar su contenido. Entre ellas, hacer posible que, al contrario de lo que sucede hasta ahora, la compañía que decida vender una central pueda presentarse a la subasta para buscar un comprador y así poder optar a las ayudas públicas con el fin de poder mantener la planta.

Según ha podido saber Vozpópuli de fuentes del sector, el presidente de Iberdrola planteó al ministro Nadal durante la entrevista que, tal y como está planteado en la actualidad, el decreto que pretende sacar adelante sería llevado a los tribunales de inmediato. La eléctrica sostiene que el Ejecutivo no puede obligar a una compañía a mantener una central que no resulta rentable sin obtener una compensación.

En este sentido, según las citadas fuentes, Galán recordó a Nadal que si Iberdrola pone a la venta las centrales de carbón no rentables (como sugiere el Gobierno que debería hacer en lugar de cerrarlas, que es la intención anunciada por la compañía), la normativa prevé un proceso de subasta en el que la vendedora no puede intervenir, mientras que la compañía que resulte ganadora recibirá ayudas públicas, es decir, la compensación que se niega al que quiere cerrarlas por no ser rentables.

El planteamiento de Iberdrola pasa por la venta de las dos únicas centrales de carbón que le quedan en el mundo, que están en España, para seguir incrementando el porcentaje de producción de energía libre de emisiones de dióxido de carbono. No obstante, la compañía entiende que podría hacer una transición más pausada, en aras del mantenimiento de los puestos de trabajo y la actividad económica en las regiones afectadas por los cierres (en la reunión también estuvieron presentes los presidentes de Castilla y León y Asturias), si contara con esas ayudas públicas para que las plantas sigan con actividad, aunque fuera de manera testimonial. 

Acuerdo político

El ministro Nadal trabaja desde la pasada primavera en este decreto, con intensas negociaciones con los partidos de la oposición, especialmente con el PSOE, para obtener el máximo consenso posible. De esta forma, a la hora de considerar una posible modificación para suavizar el escenario de la normativa, deberá contar con el apoyo de los socialistas que, además, gobiernan en Asturias, una de las comunidades autónomas afectadas por los planes de Iberdrola.

Mientras, en el sector se espera una intensa actividad cuando la normativa, cuyo borrador aún están en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su estudio, entre en el periodo de consulta pública. Será el momento en el que las compañías den la batalla para tratar de minimizar el impacto del decreto por lo que se espera un notable número de alegaciones.

La polémica va más allá del encontronazo, uno más, protagonizado por Galán y Nadal, toda vez que el presidente de Iberdrola avanzó los planes de la compañía para cerrar las centrales de carbón cuando el Gobierno ultimaba los preparativos del decreto y tratando de adelantarse a sus planes.

Las eléctricas, contra el ministro

La respuesta del ministro fue acelerar los trámites e incluir la retroactividad en la norma, lo que dejaba en nada la estrategia de Iberdrola de tratar de adelantarse a los acontecimientos.

No obstante, Iberdrola no ha sido la única en pronunciarse públicamente sobre este asunto. La pasada semana, José Bogas, consejero delegado de Endesa, aseguró en una conferencia con analistas que la compañía compartía el planteamiento de que el Gobierno es el que debe fijar la política energética, aunque matizaba que ese mismo Ejecutivo debería compensarles si les obligaba a mantener instalaciones no rentables.