Moncloa estima que Abertis cobrará menos de un tercio de los 1.600 M. que reclama en la AP-7

El Gobierno no está dispuesto a dar su brazo a torcer en el pleito que mantiene con Abertis por la concesión de determinados tramos de la AP-7, en los que la concesionaria reclama al Estado una indemnización superior a los 1.600 millones de euros. La sentencia que emitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado mes de marzo, que daba la razón a la compañía, motivó un nuevo dictamen del Consejo de Estado, en el que se concluye que Abertis tan sólo tendría derecho, en el mejor de los casos para sus intereses, a percibir por este concepto la cuantía de la inversión realizada en los mencionados tramos, que asciende a 504 millones de euros.

No obstante, este sería, en opinión del órgano consultivo, el más optimista de los escenarios para la empresa, que considera poco probable que se produzca. El Consejo de Estado insta a esperar a 2021, fecha en la que finaliza la concesión, para determinar si se da el caso de una posible compensación a Abertis y cuál sería la cuantía.

La situación deriva del Real Decreto aprobado en 2006 por el que se modificaban determinados aspectos de la concesión de diversos tramos de la AP-7 a Abertis, a fin de que la compañía abordara determinadas mejoras y construcciones de carriles adicionales en la vía. Dicho convenio incluía una cláusula de compensación por la que el Estado se comprometía a indemnizar a la concesionaria en el que caso de que ésta se viera perjudicada por un descenso en el tráfico de la vía y la consiguiente caída de ingresos.

Debido a la extensa crisis económica iniciada a comienzos de 2008, los tráficos sufrieron, en efecto, una fuerte contracción, lo que llevó a Abertis a mediados de 2015 a solicitar al Ministerio de Fomento el reconocimiento de una compensación que, por aquel entonces, ascendía a casi 1.500 millones de euros.

Audiencia ante el Consejo de Estado

La desestimación de la petición por parte de la Secretaría de Estado de Infraestructuras llevó a Abertis a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el TSJM, cuyo fallo dio la razón a la compañía. Con esta sentencia, Abertis decidió acudir al Consejo de Estado, a comienzos de junio, con el fin de que revisara la interpretación que había realizado anteriormente de la modificación del convenio, cuyas conclusiones iban precisamente en contra de lo que los tribunales habían dictaminado recientemente.

Sin embargo, todo apunta a que la batalla jurídica va para largo. En su dictamen, el Consejo de Estado rechaza la reclamación de Abertis, ya que realiza una interpretación del convenio según la cual la modificación del mismo introducida por el Real Decreto de 2006 en ningún momento contempla que la compañía tenga que ser compensada por una caída de los tráficos por motivos diferentes a los de las obras y el resultado de las mismas contempladas en el convenio.

Es decir, el órgano consultivo concluye que la contracción de la afluencia de automóviles en los tramos que afectan a la concesión de Abertis vino motivada por la situación de crisis que afectó a todo el país y también al resto de autopistas de peaje, que vieron reducidas en los mismos términos o incluso superiores sus tráficos.

Un Real Decreto desaconsejado

Contrariamente a lo que establece la sentencia del TSJM, el Consejo de Estado considera que será en 2021 cuando deba liquidarse el sistema de compensación previsto, que sólo será favorable a la compañía en el caso de que ésta no haya podido hasta ese momento recuperar la inversión máxima prevista, establecida en 504 millones de euros a valor del año 2005.

Además, el Consejo de Estado también recuerda que el fallo del TSJM no es firme dado que el Gobierno interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que está pendiente de sentencia.

Precisamente, este mismo órgano consultivo se pronunció en su día contra la modificación introducida en la concesión por el Real Decreto de 2006 al entender que incluía una "peligrosa cláusula de compensación" a favor de Abertis. En concreto, en aquel momento, al hablar de las cláusulas, el organismo apuntaba que éstas "aseguran al concesionario en todo caso un saldo de compensación positivo en el periodo concesional". Es decir, tanto si los tráficos se disparaban como si se hundían, como así ocurrió. Una circunstancia que, de acuerdo con el Consejo de Estado, "sólo razones singulares y acreditadas pueden justificar".

A pesar de esta circunstancia, el Gobierno, presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó el Real Decreto, que posteriormente sacaría adelante en el Parlamento. La consecuencia podría ser una milmillonaria compensación para Abertis, contra la que ahora pelea el Gobierno con la ayuda, precisa y paradójicamente, del Consejo de Estado.