Industria estudia que las eléctricas paguen más por la gestión de residuos nucleares

El Ministerio de Industria analiza junto a la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) la posibilidad de volver a incrementar las tasas mediante las cuales las compañías eléctricas financian el Fondo por el que se costea la gestión de los residuos nucleares.

Según fuentes del sector, la propuesta, que ni Industria ni Enresa comentan, todavía está en estudio y está ligada a un proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, elaborado por la subdirección general de Energía Nuclear de la Secretaría de Estado de Energía.

Dicho borrador, que Industria ha sacado a consulta pública sin hacer demasiado ruido (el plazo para aportar propuestas acabó hace un mes), podría aprobarse en la segunda mitad de este año, por lo que formaría parte de lo que se ha denominado nueva reforma energética, el nuevo paquete de medidas que prepara Industria para intentar drenar la sangría del déficit tarifario del sistema eléctrico.

Este RD, que pretende evitar “a las generaciones futuras cualquier carga indebida” relacionada con la gestión de los residuos atómicos, precisa “la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos cuando procedan de actividades civiles, en todas sus etapas, desde la generación hasta el almacenamiento definitivo”, así como las responsabilidades asociadas a la misma.

Deja claro que, tal y como se estipuló en 2005, “el coste de la gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos será soportado por quienes hayan generado dichos materiales” (antes se cargaba a la tarifa eléctrica) y subraya que “la responsabilidad primordial respecto del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos será de quienes los hayan generado o, en su caso, del titular de la autorización a quien se haya encomendado esa responsabilidad”.

También señala que la retribución de Enresa para la gestión de los residuos se fijará anualmente en una memoria que deberá evaluar esta empresa pública en el primer semestre de cada año.

Fuentes conocedoras del proceso creen que el Gobierno deja con ello abierta la posibilidad de volver a incrementar los costes para las empresas, con el posible cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos) como telón de fondo. La semana pasada, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseguró que el Gobierno no está negociando "nada" con Endesa e Iberdrola, propietarias de la planta, para mantenerla abierta más allá del julio próximo. Ambas quieren cerrarla porque dicen que los impuestos a la generación en vigor desde enero no la hacen viable.

La carga fiscal que se aplica a los residuos ha venido aumentando en los últimos años, tanto por parte del Gobierno central como por parte de los autonómicos. En el caso de la que cobra el Estado central, ha pasado de 77 millones de euros en 2005 a 413 millones en 2011 (un 436% más). Y a escala autonómica, el año pasado, por ejemplo, la Junta de Andalucía subió en torno a un 20% las tasas a los residuos de media y baja actividad.

"Todo dependerá de las necesidades de fondos de la Administración", concluyen las fuentes consultadas. A 31 de diciembre de 2011, el fondo de Enresa, una de las empresas públicas con más caja de España, acumulaba 3.230 millones de euros, según datos de la empresa.

El asunto no parece inquietar de momento a las eléctricas. “Nuestra gente no lo tiene contemplado como un riesgo. Entienden que no nos van a dar un palo con esto”, dicen desde una empresa sobre un decreto que actualiza aspectos relacionados con la gestión de los residuos y la regulación de Enresa, de acuerdo con la Ley 11/2009, que modificaba sendas leyes de 1964 y 1997.  

El decreto traspone los preceptos de la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos, que aún no están incluidos en la legislación vigente.

Por ejemplo, adapta disposiciones relativas al almacenamiento definitivo de residuos radiactivos fuera de España, la información a remitir por España a la Comisión Europea en esta materia y los requisitos de autoevaluaciones del marco legislativo, reglamentario y organizativo para la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, de las autoridades reguladoras competentes y del Plan General de Residuos Radiactivos, así como la revisión internacional inter pares de los mismos.