Fomento y el Tribunal de Cuentas ya alertaron hace más de diez años de sobrecostes del 37% en el AVE a Barcelona

Aún faltaban unos años para que el AVE entre Madrid y Barcelona echara a andar y las amplias y oscuras sombras de los sobrecostes ya se cernían sobre la infraestructura. La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción cuyo caso instruye un juzgado de Barcelona, que acusa a directivos de Adif y de la constructora Corsán-Corviam de presuntas irregularidades para inflar de forma artificial el coste de las obras, ha vuelto a poner de manifiesto una polémica que no sólo afecta a un contrato determinado ni tampoco a una época concreta.

Un portavoz de Adif manifestó esta semana que los posibles sobrecostes en algunos contratos adjudicados en 2008, correspondientes por lo tanto al tramo entre Barcelona y la frontera francesa, pudieron originarse en las prisas que el Gobierno entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero tenía por concluir unos trabajos que se habían eternizado.

Por aquel entonces, la alta velocidad acababa de llegar a Barcelona, con un retraso acumulado de cuatro años sobre lo previsto.

Pero los sobrecostes aparecieron mucho antes, precisamente cuando las obras empezaban a eternizarse y todos los plazos saltaban por los aires. Un informe interno del Ministerio de Fomento alertó a mediados de 2003 de que el AVE Madrid-Barcelona iba a salir notablemente más caro al erario público de lo inicialmente previsto. Concretamente, más de un 35%.

Diferencias con los presupuestos iniciales

Sólo había que fijarse en las cifras de presupuestos iniciales que proporcionó en su día el antiguo Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF, germen del actual Adif) y las que, ya en aquel 2003, manejaba el Ministerio de Fomento, dirigido por aquel entonces por Francisco Álvarez-Cascos. De una previsión inicial de poco más de 6.600 millones de euros se había pasado, en unos cinco años, a más de 9.000 millones.

Sin embargo, no era Fomento la única institución que daba cuenta de que el coste de la segunda línea de alta velocidad en España estaba empezando a quedar fuera de control. Ya en 2002 el Tribunal de Cuentas, que trabaja actualmente en los sobrecostes del AVE y que ha presentado numerosos informes sobre el proyecto, señaló en uno de sus trabajos que las obras del ferrocarril de alta velocidad a Barcelona estaban infladas y que abundaban los modificados, las actuaciones de urgencia y las rectificaciones, con sus correspondientes costes adicionales.

Por entonces no había prisas del Gobierno de Zapatero. Sí las había del Gobierno de José María Aznar, que pretendía finalizar la obra antes de finalizar su segunda legislatura, aunque aquel objetivo ya era un imposible por aquella época.

Después llegó el vuelco electoral de 2004 pero el escenario de las obras no cambió en cuanto a que las prisas no desaparecieron.

Notables bajas en los contratos 

Mientras, los contratos adjudicados en la época del Gobierno Zapatero se caracterizaron por incluir notables bajas en el precio. La mayoría de los referidos al tramo entre Barcelona y la frontera con Francia presentaban una baja media del 30% en relación con el presupuesto inicialmente reflejado en el contrato.

Según las últimas estimaciones del Tribunal de Cuentas, la baja media de los contratos fue del 9% y el sobrecoste apreciado en toda la obra, del entorno del 31%, aunque en algunos casos la cifra se elevó hasta el 230%.

En definitiva, todo parece apuntar a que los sobrecostes han convivido con el trazado de alta velocidad Madrid-Barcelona desde el inicio, al margen de colores de gobiernos, responsables de ministerios y denominaciones de las instituciones que adjudicaron los contratos.