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Los administradores concursales ven amenazado su negocio por Economía

Miguel Temboury, subsecretario de Economía, en una imagen de 2013.
Miguel Temboury, subsecretario de Economía, en una imagen de 2013. TVE.

Los administradores concursales con los que ha contactado durante la pasada semana Vozpópuli, así como dos asociaciones que representan a la profesión, que optan por mantener el anonimato, coinciden en señalar al Ministerio de Economía como quien está detrás de una "insual presión fiscal" sobre algunos reconocidos despachos especializados en esta labor y de haber lanzado una cruzada contra ellos. 

La gota que ha colmado el vaso ha sido la publicación, el 29 de julio, en el BOE, de la ley 25/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, aprobada un día antes. En el preámbulo de la ley se explica que uno de los objetivos de la norma es aportar garantías que eviten "insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas". En la parte final de la ley, en disposiciones adicionales y transitorias, se regulan las funciones de los mediadores concursales y la remuneración de estos. 

Las asociaciones y administradores consultados se quejan de que el Gobierno prepara un Decreto para regular la profesión concursal y que para ello había enviado borradores y solicitado informes y opiniones para su aprobación final, por lo que no entienden que se haya introducido en la ley publicada la pasada semana la materia sobre la que se supone se había pedido su estudio. "Lo han metido en la nueva ley de tapadillo, nos han tenido trabajando para nada", lamentan. "De acuerdo con la nueva ley los administradores serán elegidos por lotería, eso sólo ocurre en Lituania", sostiene uno de los abogados que en más ocasiones ha sido nombrado administrador en concursos declarados en España. "Si se prosigue por este camino, en poco tiempo serán los grandes despachos y firmas de auditoría los que gestionen los mayores concursos de acreedores", subrayan.

"Miguel Temboury cree que cobramos demasiado, es el que está detras de todo esto y se está enfrentando también al Ministerio de Justicia", aseguran desde uno de los organismos consultados

En el borrador del Decreto que hace unas semanas recibieron asociaciones, colegios de abogados y economistas, sobre la función del administrador concursal, se incluyó una memoria de motivos que sugería la aparición en España de casos de corrupción ligados a la labor concursal de jueces y administradores. El documento enumeraba algunas prácticas no admisibles, como "el nombramiento como administradores concursales de antiguos alumnos en cursos de formación establecidos como obligatorios para acceder a la lista, nombramiento de personas con las que se guarda una especial relación, etcétera".

De la ley publicada la pasada semana en el BOE los profesionales consultados cargan contra la disposición transitoria tercera, 'Arancel de derechos de los administradores concursales', según la cual a partir del decimotercer mes en fase de liquidación de un concurso los administradores dejaran de cobrar. "Así conseguirán que se haga todo con prisas, hay procesos en España en los que la liquidación dura años, a veces aunque ya este prácticamente acabado surgen incidentes concursales, nuevos acreedores, nuevos requerimientos de Hacienda...", dice el presidente de un organismo que representa a profesionales del sector. "Es anticonstitucional, estamos estudiando ir contra ella", advierten desde otra asociación. 

"Miguel Temboury [subsecretario de Estado de Economía y Competitividad] cree que cobramos demasiado, es el que está detras de todo esto y se está enfrentando también al Ministerio de Justicia", aseguran desde uno de los organismos especializados consultados. "Varios de los mayores profesionales del sector están siendo sometidos a inspecciones fiscales año tras año, no es normal", dice. Vozpopuli ha tratado de ampliar esta información con los Ministerios de Justicia y de Economía, pero no se ha obtenido respuesta.

Frente a las críticas que está recibiendo la actuación gubernamental respecto a la administración concursal, otras voces valoran positivamente las medidas aprobadas. "Ya era hora de que se pusiera coto al tema de las liquidaciones, era un escándalo" opina el fundador de un despacho de abogados que representa a acreedores en numerosos concursos. "¿Por qué los administradores concursales no proponen, por ejemplo, un incentivo en caso de lograr convenio y evitar la liquidación?, ¿no será que se saca más dinero en una fase de liquidación?", se pregunta. Sobre la inusual presión fiscal a la que varios administradores concursales dicen verse sometidos, este abogado señala que esa sensación "la tenemos ahora todos los que nos dedicamos a una profesión liberal".

En los últimos años, desde el inicio de la crisis, el número de concursos declarados en España se ha disparado, entre los 5.000 y los 8.000 por año. Tanto los gobiernos de Zapatero como el de Rajoy han tratado de legislar para adaptar la norma concursal a la nueva realidad, pero muchos de los juzgados mercantiles a cargo de las quiebras empresariales no tienen los medios necesarios. Y tampoco han logrado acallar las sospechas, que son ya un clamor, de que efectivamente también hay corrupción en la labor concursal de jueces, abogados, y economistas. "Por unos casos aislados vamos a pagar toda la profesión", dicen desde una asociación. 

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