Quantcast

Empresas

El juez rechaza por ahora prohibir a Metrovacesa la venta de Gecina y pide más documentación a la banca accionista

Metrovacesa
Sede de Metrovacesa.

Metrovacesa cuenta con luz verde de los tribunales para vender su participación del 27% en la inmobiliaria francesa Gecina, proceso que se encuentra en su fase definitiva. La operación había quedado bajo la lupa de la Justicia española después de que los accionistas minoritarios de la compañía española que se han querellado contra varios equipos de administradores solicitaran medidas cautelares contra esta operación, al entender que, de llevarse a cabo, supondría un presunto alzamiento de bienes.

El titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, encargado del proceso judicial, emitió un auto el pasado 24 de febrero en el que considera desproporcionada la solicitud de la medida cautelar por dos circunstancias: el grado de avance de la instrucción y el hecho de que aún debe tomarse una decisión sobre el tribunal al que compete el caso, toda vez que los demandantes iniciaron un caso similar ante la Audiencia Nacional.

Además, Carretero emitió en su día un auto de inhibición en favor del Juzgado de Instrucción central número 6 de la Audiencia Nacional, ante el que también fue solicitada la suspensión cautelar de la venta de la participación de Metrovacesa en Gecina, y que también fue rechazada.

Los demandantes se han querellado contra los distintos administradores que ha tenido Metrovacesa desde el año 2007 al entender que su gestión ha ocasionado un notable quebranto a la compañía, cuyas acciones no dejaron de desplomarse desde los más de 80 euros a los que cotizaba en aquel año hasta cotizar incluso por debajo de un euro.

Los bancos en el punto de mira

La demanda, articulada por el abogado José Luis Abascal, afecta tanto a los consejos de administración que presidió Joaquín Rivero como a los que estuvieron bajo el control de la familia Sanahuja e incluso también a los representantes de los bancos que tomaron el control de Metrovacesa en 2009, después de que los Sanahuja les entregaran como dación en pago de su deuda las acciones que controlaban de la compañía.

Los minoritarios estiman que los bancos no hicieron todo lo posible por aclarar lo sucedido en la época anterior y, por lo tanto, les considera cómplices.

Por este motivo, el juez Carretero también ha tomado la decisión de seguir practicando diligencias sobre el caso, unas diligencias que se centran en los bancos accionistas de Metrovacesa.

Así, a petición del abogado de los demandantes, Carretero ha solicitado a los bancos las actas de los consejos de administración en los que tomaron la decisión de aceptar la citada dación en pago de los Sanahuja y el precio de la misma, que fue de 57 euros por acción y sin ofrecer a los minoritarios la posibilidad de adquirir sus acciones al mismo precio.

El magistrado también ha pedido a los bancos los apuntes contables referidos a la valoración de las acciones de Metrovacesa contenidas en ese acuerdo de dación en pago.

Mientras, a la inmobiliaria le ha pedido las actas de los consejos en los que se tomó la decisión de no iniciar acciones contra Rivero y su socio Bautista Soler.

Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.