Mercasa Incatema decide hoy el cese como consejero de José María Montoto

El consejo de administración de Mercasa Incatema se reune hoy jueves para decidir, entre otros puntos del día, propuesta de orden de cese del director general, José María Montoto Cañas, amigo personal del presidente de Mercasa, Eduardo Ameijide. La propuesta que analizarán los consejeros de la empresa semipública se produce apenas dos semanas después de que Vozpopuli publicara que Montoto ha sido condenado a nueve meses de prisión por un delito de falsificación documental continuada.

Mercasa Incatema está participada al 50% por la compañía pública Mercasa -controlada por el Ministerio de Agricultura (49%) y la Sepi (51%)- y el grupo privado español de ingeniería Incatema. El consorcio se dedica al diseño, construcción, y explotación de los mercados de abastecimiento de Mercasa en el extranjero.

Montoto Cañas, abogado, accedió al cargo de director general de Mercasa Incatema en junio de 2012. El directivo se mantuvo hasta febrero de 2013 como administrador único de la sociedad Danforth Ibérica, creada en 1992 por el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Según publicó El Confidencial, la firma Danforth Investments -fundada por el despacho Mossack Fonseca en Islas Vírgines Británicas- adquirió en 1991 el 45% de la empresa española Construcciones Aeronavales, entre cuyos consejeros se encontraba José María Montoto Cañas.

El pasado 15 de abril el juzgado de lo Penal número 24 de Madrid dictó sentencia condenando a Montoto Cañas (Córdoba, 1949) a nueve meses de prisión por delito de falsificación documental continuada. El director general de Mercasa Incatema fue contratado en 2005 para defender a un cliente en un divorcio al que hizo creer que había presentado una demanda de división de cosa común frente a su exesposa, sin haberlo hecho realmente.

En 2010 Montoto Cañas fue detenido por esa causa acusado de deslealtad profesional y falsedad documental. La setencia dictada el pasado mes de abril ha sido recurrida por Montoto, quien ha sido absuelto del delito de deslealtad profesional, a pesar de que el Ministerio Fiscal consideró que su conducta era constitutiva de dicho delito.