La directiva española que pretende cambiar el modo en que usamos internet

María Martín-Prat es española pero lleva muchos años trabajando al norte de los Pirineos. Tantos que, como le gusta recordar, en ocasiones puede cometer errores al utilizar el castellano. Es la responsable de Derechos de Autor en la Comisión Europea, un puesto clave y que dará que hablar en Bruselas en los próximos meses. El parlamento europeo debatirá antes de las vacaciones veraniegas una nueva ley de derechos de autor en internet que, según muchos aseguran, "cambiará para siempre la forma en que compartimos información en internet".

Con esta nueva legislación, básicamente se exigiría una licencia para cada contenido que se subiera a la red y pudiera potencialmente infringir derechos de autor. Por ejemplo, un video de una boda en el que como música de fondo suena un hit de Beyoncé. En estos casos, bajo la nueva ley, el contenido se bloquearía en caso de no disponer de licencia. Wikipedia, Blogger, Google, YouTube... necesitarían una licencia para cada cosa que se sube a la red. Como dato, en la actualidad se suben cada día 3.500 millones de fotos a la red.

Batalla industria musical-YouTube

La eurodiputada Julia Reda pinta el conflicto como una batalla entre YouTube (Google) y la industria musical, que "busca el apoyo de la Comisión en sus negociaciones con YouTube" dado que no está conforme con los ingresos que le genera la plataforma, de uso y contenido creciente. Actualmente un 50% de los ingresos de YouTube se reparten hacia las productoras, grandes y pequeñas, según Google. Pero las 'major' quieren que estos beneficios sean muy superiores. Aquí entra en juego Martín-Prat, cuyo nombramiento en 2011 fue muy polémico dado que había trabajado precisamente en IFPI, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, que representa los intereses de gigantes como Warner, Universal o Sony Music, además de cientos de discográficas más pequeñas. María estuvo encargada de asuntos legales en este lobby, y hay quien piensa que estos antecedentes profesionales de la española son polémicos, por cuanto podría haber algún conflicto de interés. El 'Daily Telegraph' ironizaba: "Es un mundo muy pequeño".

Los miembros de IFPI ingresaron en 2015 15.000 millones de dólares. Se trata de bastante menos que en 2015, año de nacimiento de YouTube, cuando ingresaron 21.000 millones.

Daily Telegraph ironizaba sobre su paso del sector privado al público: "Es un mundo muy pequeño"

Alguien podría pensar que hay interés en dar la vuelta a esta tendencia. La directiva española, sin embargo, se defiende: "Soy un funcionario independiente que entra por concurso público y que tiene ciertas obligaciones de independencia respecto a su trabajo y lo lleva haciendo mucho tiempo", contestó en una charla hace 11 meses para informar a los autores de la sociedad de gestión de derechos española.

Efectivamente, Martín-Prat no es una recién llegada al sector regulatorio porque ya tiene una larga experiencia en la regulación de los derechos de autor. Estaba presente en 2002, cuando participó en la Directiva de Comercio Electrónico, destinada a "crear un marco jurídico que garantice la libre circulación de los servicios de la sociedad de la información".

"No puede haber licencia para todo"

Expertos contrarios a esta reforma legal afirman que no se puede regular una canción de Beyoncé de la misma forma que se regula una foto en Instagram, tal y como sugiere la directiva de la CE inspirada en parte por Martín-Prat. Los críticos aseguran que este movimiento busca que "el dinero generado en internet vaya mucho más a los grandes sellos, sin tener en cuenta todo lo que los usuarios generan en la red. Hoy en día Beyoncé y los pequeños artistas y cantantes amateurs compiten en las mismas plataformas, pero no se puede tratar a todos por igual.

Estos detractores insisten en que no se puede tener una licencia por cada archivo que se sube a la red. Si por ejemplo se sube una foto desde el móvil, no hay ninguna sociedad de autores con la que se pueda hablar. Por ello, hay cierta lógica al observar la imposibilidad de las compañías que gestionan los contenidos para escanear todos y cada uno de los derechos de autor de cada creación.

Sin embargo, en alguna de sus comparecencias públicas organizadas por la SGAE, Martín-Prat, siempre con un discurso hipertécnico, ha recordado que en la Comisión se tiene claro que los autores "no tienen la remuneración adecuada" por su trabajo en la nueva sociedad digital. Igual opinan en todo el equipo del comisario de Economía y Sociedad Digital Günter Oettinger, responsable último de esta nueva legislación.

"Todos los trabajos que suban a la red deberían ser antes revisados por abogados"

Mientras otras plataformas de internet con sus propios servicios de vídeo como Facebook y Twitter prefieren ponerse de lado en esta nueva legislación y rechazan apoyar a Google, crece la impresión de que Bruselas, con el apoyo y el impulso de Berlín, quiere dar un nuevo escarmiento a los de Mountain View. Google tiene varios procesos abiertos por distintos casos y desde hace muchos meses ronda el rumor de una multa ejemplar a la plataforma por las autoridades comunitarias.

Según aseguró Google, posiblemente la compañía más afectada por esta medida, "la web depende de la capacidad de los usuarios para compartir contenidos. Esta propuesta sugiere que todos los trabajos incluyendo texto, video, imágenes y más deben ser filtrados por los servicios online. Esto convertirá internet en un lugar donde todo lo que se suba deba ser analizado por abogados antes incluso de que una sola persona lo vea".