Industria consagra el vacío de competencias de la CMT y se queda con sus principales funciones

La existencia de un organismo independiente del poder ejecutivo que vele por el buen funcionamiento del sector de las telecomunicaciones y el audiovisual forma ya parte del pasado.

El Gobierno ha firmado la sentencia de muerte de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el organismo que desde 1996 ha velado por la liberalización y la competencia de uno de los sectores más dinámicos de la economía española. Y lo ha hecho por dos vías: por su integración en el nuevo superregulador CNMC, donde queda degradada a una Dirección de Instrucción, y a través de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que será aprobada, previsiblemente, en el Consejo de Ministros del 13 de septiembre.

El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, presumió el lunes en el Curso de Telecomunicaciones de la UIMP de Santander de la nueva Ley, que “se inserta dentro del plan nacional de reformas” del Gobierno y logrará un marco estable de seguridad jurídica que fomente la inversión y simplifique los trámites administrativos.

Pero lo que no dijo el ministro, que tenía enfrente al sector de las telecos en pleno, es que la nueva Ley vacía de contenido la CMT, cuyas principales competencias pasará ahora a estar controladas por el propio Ministerio y su Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

El registro de operadores y el de numeración, la portabilidad entre compañías y los sistemas de gestión de los datos de los abonados, funciones hasta ahora en manos de la CMT, no pasarán al nuevo superregulador en el que se integra el organismo con sede en Barcelona, sino que pasan directamente al Ministerio.

Industria será la que ahora recaude las tasas a los operadores y asignará cada año, de forma discrecional, la partida para que el área de telecos de la CNMC funcione

Pero además, el Ejecutivo ha segado de raíz uno de los principios que confieren libertad de funcionamiento a un regulador y que desde Bruselas se considera sagrado: la independencia financiera que garantiza la independencia frente a las tentaciones del poder ejecutivo de apropiarse de las principales decisiones de sectores tan sensibles como el de las telecos y el audiovisual.

Hasta ahora, la CMT recaudaba directamente de los operadores las tasas que garantizaban su libre funcionamiento, pero ahora será Industria la que se quede con el dinero que aportan anualmente Telefónica, Vodafone, Orange… Lo hace en virtud de la Ley de creación de la CNMC, según la cual el nuevo superregulador elevará a Industria un presupuesto estimativo para costear el funcionamiento de la Dirección de Telecomunicaciones e Industria tendrá manos libres para aceptarlo o recortarlo, según considere.

Bruselas había advertido a España de que el principio de independencia financiera de los reguladores es sagrado, pero el Gobierno lo ha enterrado al crear la CNMC

La Comisaria de la Agenda Digital y vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, amenazó al Gobierno español con abrir “un procedimiento de infracción” contra España por la falta de independencia de la CNMC y mostró su preocupación por el nuevo sistema de financiación del regulador.

Soria ha optado finalmente por controlar directamente este sistema, lo que podría provocar un nuevo rapapolvo desde la Comisión, alertan las fuentes del sector consultadas.

El caso es que la nueva Ley General de Telecos saldrá del Consejo de Ministros en dos semanas y seguirá su proceso parlamentario. “Si no hay cambios en la Ley en su paso por el Congreso, la independencia y las funciones del área de telecos de la CNMC quedarán muy cercenadas”, denuncia una fuente del sector de las telecomunicaciones. “Al menos se queda con la regulación del mercado y la resolución de conflictos entre operadores, entre otras funciones, pero es irrisorio en comparación a las competencias que tenía hasta ahora”, añade.

Ayer Soria se limitó a decir en Santander que el nuevo superregulador se encargará de las competencias de regulación ex-ante, así como de actuar en los conflictos entre operadores, mientras que el Ministerio de Industria se encargará de las cuestiones ex-post, así como de los asuntos relacionados con la explotación de redes.