Los precios energéticos dan margen a Soria ante la revisión de tarifas

Una de cal y otra de arena para José Manuel Soria, al que le toca revisar la tarifa eléctrica el próximo 1 de octubre. El ministro de Industria ya ha adelantado que la parte regulada del recibo (que supone la mitad de lo que paga el usuario y retribuye al transporte, la distribución y las primas a las renovables, entre otras partidas) no subirá en el último trimestre, por lo que la evolución de la tarifa, que ya lleva dos subidas este año, dependerá del "mercado". Es decir, de lo que marque el próximo día 25 la subasta en la que se fija el precio de la energía, que supone aproximadamente el 50% restante del recibo.

Lo positivo para Soria es que esa polémica subasta, cuyo funcionamiento acaba de dar por bueno la Comisión Nacional de la Energía (CNE), apunta a un abaratamiento con respecto a junio, cuando Industria encareció casi un 4% la tarifa de último recurso (TUR, la de la mayoría de usuarios domésticos) porque el coste de la energía se disparó.

Los futuros para el cuarto trimestre en el mercado ibérico de futuros OMIP (que suelen adelantar los precios de las subastas) cotizan actualmente a niveles inferiores a los de la anterior puja: del orden de 50 euros por megavatio (MW) hora para el producto de base (el más representativo), frente a los 56 euros de junio. Según fuentes del sector, si se tienen en cuenta otros factores que influyen en el resultado final de la subasta (como los ajustes y los denominados coeficientes de apuntamiento) y se mantiene la actual tendencia de precios, el resultado sería similar al de la puja de junio o, incluso, ligeramente inferior, lo que permitiría a Soria congelar el recibo en octubre.

La subasta se celebrará el próximo día 25. De haber bajada, sería inédita: septiembre siempre ha propiciado fuertes alzas

Lo malo para Soria es que, si no corrige antes la insuficiencia de ingresos regulados del sistema a través de la reforma energética (que sigue atascada por sus diferencias con Cristóbal Montoro), su anuncio de que no tocará la parte regulada del recibo (los llamados peajes) puede traer consigo nuevos recursos de las eléctricas ante el Tribunal Supremo, porque el déficit de tarifa (insuficiencia de ingresos regulados), que sigue desbocado (más de 3.000 millones hasta junio), no debería superar este año por ley los 1.500 millones de euros. El Alto Tribunal ya ha obligado a recuperar la insuficiencia de peajes del último trimestre del año pasado y del primero de 2012.

De confirmarse, la bajada de precios en la subasta del próximo día 25 se produciría en un año muy seco (la baja hidraulicidad suele presionar al alza sobre los precios) e inédita para un mes de septiembre, ya que los precedentes para ese mes son de subidas: la subasta Cesur (que así se llaman estas pujas) de septiembre de 2011 se saldó con una subida de entre un 9% y el 13%, en función del producto, y en 2010, las subidas fueron de entre el 5,4% y el 4,9%. La explicación, dicen en el sector, está en el descenso de la demanda eléctrica y en la caída de precios de las materias primas, como el gas (que el año pasado se disparó, tras la catástrofe de Fukushima), el carbón y el fuel.

Desde una eléctrica se quejan de que, pese a la mejora de las condiciones del mercado tras el auxilio prometido por el Banco Central Europeo a la deuda española, el Tesoro mantiene paradas las titulizaciones del déficit de tarifa, que llevan paradas desde marzo pasado. “El Gobierno no las reactiva por tocar las narices a las empresas. Parece que todo forma parte de un pulso premeditado para paralizar las colocaciones hasta cerrar la reforma energética, una decisión que presuntamente se tomó en la Oficina Económica”, señalan.