Bankia acusa a Norniella de usar la 'black' para sortear el límite salarial de la banca con ayudas públicas

Febrero de 2012. El casi recién llegado ministro de Economía, Luis de Guindos, aprobaba un decreto ley para limitar, a un máximo de 600.000 euros la retribución total a percibir por presidentes, directivos y ejecutivos de las entidades financieras con ayudas. La medida se extendía a los consejeros no ejecutivos, a los que se aplicaría un límite máximo de 100.000 euros por año. Todo un recorte para altos cargos acostumbrados a ganar, en ocasiones, incluso un 500% más entre salario, pluses, etc. Pero De Guindos decidía imponer la austeridad en un sector que ya había recibido miles de millones (aunque faltaba la mayoría aún por llegar) en ayudas públicas.

La limitación había de ser total, y fijaba ese tope como un máximo que no podría ser superado ni con bonus, ni remuneraciones adicionales. Algo que no se cumpliría en Bankia, según denuncia la propia entidad (ahora nacionalizada y presidida por José Ignacio Goirigolzarri). Y es que los altos ejecutivos del banco habría utilizado el método de las antiguas tarjetas black (que eran propias de Caja Madrid) como un método para sortear la limitación del Ministerio de Economía y una forma de obtener un sobresueldo a espaldas del mismo.

"El mismo dispuso de una tarjeta de Caja Madrid y, tras su anulación, consciente de su carácter ilícito, obtuvo una nueva tarjeta de Bankia"

Esta es al menos la interpretación que hacen los abogados de Bankia presentes en la causa que se instruye en el Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, y cuyo titular es Fernando Andreu. Tal y como refleja el escrito remitido al magistrado, en el que se impugna un recurso contra la transformación de la instrucción en procedimiento abreviado (paso previo a la apertura de juicio oral) por parte del exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella, desde Bankia inciden en señalar "una particularidad" por parte del recurrente.

"El mismo dispuso de una tarjeta de Caja Madrid y, tras su anulación, consciente de su carácter ilícito, obtuvo una nueva tarjeta de Bankia después de que se dictara el Real Decreto Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, que restringió las remuneraciones de consejeros y directivos de las entidades que, como Bankia, hubieran recibido apoyo financiero público para su saneamiento o reestructuración", señala el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Debían ser ellos mismos quienes denunciaran

Tal y como han venido haciendo tanto el FROB como Bankia con otros consejeros y antiguos altos cargos del banco y Caja Madrid, los representantes legales contratados por Goirigolzarri refutan una por una las alegaciones presentadas por los abogados de Fernández Norniella. Así, ante la queja por indefensión y falta de motivación de las acusaciones del que fuera mano derecha de Rodrigo Rato durante sus etapas en Economía y en la entidad, estos responden que tanto el recurrente ha tenido acceso a toda la causa como que los indicios de delito han sido detallados en un auto de más de once folios por parte del magistrado.

Otra de las alegaciones se basa en que Fernández Norniella sostiene que no participó en ninguna decisión relacionada con las tarjetas, y que su única actuación fue recibirlas en el momento en que se incorporó al consejo de administración de la caja. "Sin embargo", contestan desde Bankia, "olvida que el auto recurrido no le imputa ninguna conducta relacionada con la emisión de las tarjetas, sino la utilización de las mismas en provecho propio. Y es que el recurrente, con infracción de las más elementales obligaciones de fidelidad inherentes al cargo, aceptó las tarjetas recibidas y las utilizó en provecho propio y en detrimento del patrimonio de la entidad que administra junto con el resto de consejeros", señalan.

Yendo más allá, desde la entidad nacionalizada tratan de desmontar el argumento de que nadie advirtió ni llamó la atención al exconsejero sobre ningún uso irregular de las tarjetas: "Debían haber sido ellos mismos quienes detectaran y detuvieran esta práctica irregular, quienes tenían encomendadas las funciones de control y supervisión de la entidad que administraban", critican desde Bankia, al tiempo que ponen como ejemplo al exconsejero ejecutivo, Francisco Verdú, quien pese a recibir la tarjeta prefirió no utilizarla.

A falta de que se resuelvan las alegaciones y los recursos presentados contra la decisión del juez Andreu de transformar la causa en procedimiento abreviado, el caso de las tarjetas black encara su recta final en los juzgados, con la inminente apertura de la fase de juicio oral. Será allí donde cada imputado conozca las acusaciones que pesan sobre él y donde se deberán contradecir pruebas, declaraciones, etc.