Publicado: 04/10/2013 04:00
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó a Escal UGS, la compañía controlada por ACS, la construcción y explotación del almacén subterráneo de El Castor en 2009 sin valorar los riesgos sísmicos ni de la zona ni de la actividad de inyección y almacenaje de gas.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente que entonces dirigía Elena Espinosa fue "favorable" al proyecto y no contenía ni condicionamientos ni alertas sobre riesgos sísmicos, pese a las advertencias del Observatorio del Ebro, que en su día pidió al Gobierno de Zapatero que se estudiara "la frecuencia y magnitud de la actividad sísmica incluyendo pruebas que aseguren que las presiones debidas a la inyección no causen fracturas en las rocas".
El Observatorio del Ebro exigió en 2009 que se estudiara "la frecuencia y magnitud de la actividad sísmica incluyendo pruebas que aseguren que las presiones debidas a la inyección no causen fracturas en las rocas"
Tanto la DIA de Medio Ambiente como las autorizaciones dadas por el Ministerio de Industria para que ACS pusiera en marcha El Castor se acogieron a la legislación vigente.
"Parece que todo fue legal y se respetó la normativa vigente, pero quizá se pecó de imprudencia al hacer caso omiso a voces expertas como las del Observatorio del Ebro y del Colegio de Geólogos", señala una fuente experta en temas sísmicos.
El actual ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, también ha confirmado que la DIA aprobada en 2009 "no tenía ningún condicionamiento relativo a problemas sísmicos".
La normativa europea es muy laxa y genérica en cuanto a la prevención de riesgos sísmicos en los países miembros y, por ende, la legislación española también. De hecho, el Colegio de Geólogos lleva años reclamando un plan integral de prevención del riesgo sísmico.
El Colegio de Geólogos ha pedido en reiteradas ocasiones (la última vez en mayo pasado) un Plan de Prevención de Riesgos Sísmicos, que ni Zapatero ni Rajoy han implementado
La última vez que lo pidió públicamente fue en mayo pasado, cuando denunció que dos años después del terrible terremoto de Lorca (Murcia), no se haya implantado en España un plan de prevención de riesgos y que los poderes públicos lo que hacen es "tomar medidas curativas de remediación (sic) de los daños causados".
El decálogo elaborado por el Colegio para minimizar los riesgos sísmicos tras el terremoto de Lorca fue enviado a las Administraciones públicas y cayó en saco roto, recuerdan. También ayer la Generalitat catalana afirmó, a través del consejero de Territorio, Santiago Vila, que en su día advirtió al anterior Gobierno de que era necesario analizar las consecuencias sísmicas del Castor, aunque éste las desoyó.
"Seguramente no era preceptivo, pero no se hizo", dijo el consejero, en línea con lo que la Generalitat ha venido señalando estos días, después de que se hayan producido ya más de 300 terremotos, varios de ellos en los últimos cuatro días con una magnitud de entre 4,1 y 4,2 en la escala Richter, lo que ha provocado temblores y alarma social en el sur de Tarragona y el norte de Castellón. A última hora de ayer, la web del IGN había registrado más de 20 seímos en las últimas 20 horas.
La Generalitat ha acusado a ACS, compañía presidida por Florentino Pérez, de falta de transparencia y negligencia, al no facilitar información detallada y no prever los terremotos.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner (PP), fue más allá al acusar a los ex ministros socialistas Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos de ser los responsables de dar las autorizaciones a ACS y les "exigirá responsabilidades legales" si se demuestra que actuaron con negligencia, además de no hacer caso a las advertencias de los geólogos.
Escal UGS dice que avisó de que podría haber pequeños terremotos por la inyección de gas colchón, pero nunca imaginó que iba a haber tantos y de tanta intensidad
Desde la filial de ACS, Escal UGS, se recuerda que la compañía avisó de que se podrían provocar microseísmos por las inyecciones de gas colchón para poner a punto el reservorio, de cara a su entrada en actividad comercial, pero que nunca imaginaron que habría tantos terremotos y de tanta intensidad. Máxime cuando los más preocupantes, los que ha sentido la población, se han producido esta semana, pese a que la empresa confirma que no se inyecta gas desde el 16 de septiembre.
Vozpópuli ha venido informando desde el principio (el 11 de septiembre Escal comenzó a inyectar gas) de la creciente avalancha de terremotos registrados desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Entre las 23:00 horas y las 23:30 de este miércoles se produjeron sendos terremotos de una magnitud de 4,1 grados.
El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, que bajo el paraguas de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, está supervisando la situación provocada por El Castor, cree que hay "una probabilidad alta" de que la causa de los terremotos sea la inyección de gas colchón, según el estudio preliminar de los datos que manejan los técnicos del IGN y del Instituto Geológico Minero.
Si los estudios de los técnicos recomiendan el cierre del Castor, el sector se pregunta quién pagará a ACS los 1.300 millones de la inversión, que casi se triplicó sobre los 500 millones presupuestados
Industria decretó el cierre temporal de El Castor y la suspensión de las inyecciones de gas el 25 de septiembre. Este cierre podría tornarse en definitivo, como exige la Generalitat catalana, si se constatan riesgos serios para la estabilidad sísmica de la zona provocados por el almacén subterráneo.
En caso de cierre, ¿quién pagaría los 1.300 millones de euros (sin gastos financieros) que ha destinado el grupo de Florentino Pérez para desarrollar el proyecto, frente a los 500 millones presupuestados inicialmente. Industria tiene en marcha una auditoría sobre los costes del proyecto, cuyas conclusiones no se conocen, y también tendrá que emitir un informe sobre las causas de los terremotos, por lo que el nerviosismo se ha instalado en la sede de ACS en Madrid.
Fue Industria la que cambió la normativa vigente para elevar a 20 años el periodo de amortización de la inversión y fijar una retribución más favorable para ACS. Ahora todo está en el aire.
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