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Despedido de Unipost Pablo Raventós, presunto colaborador del referéndum del 1-O

El bufete de abogados Jausas, experto en concursal, prescinde del que fue el responsable máximo de Unipost, Pablo Raventós, miembro de la familia propietaria de Codorníu

Raventós (derecha), en la firma de un acuerdo con la Fundación ONCE
Raventós (derecha), en la firma de un acuerdo con la Fundación ONCE EUROPA PRESS

El administrador concursal que está liquidando Unipost, el bufete de abogados Jausas, ha despedido a Pablo Raventós, director general de Unipost y hasta la entrada del concurso principal responsable de los devenires de la compañía catalana del sector posta. Del despido ha informado ha informado CCOO en un comunicado y ha asegurado que "seguirá insistiendo para que sea declarado culpable de llevar al primer operador privado del país a liquidación".

El sindicato ha indicado que "previo al cierre definitivo previsto por la administradora concursal a finales de abril, se producirán tres ERE acompañados de cierre de centros y la plantilla seguirá cobrando su nómina de manera fraccionada".

El sindicato lamenta que hayan sido las decisiones empresariales erróneas las que "hayan llevado a la quiebra al operador postal privado y a la pérdida de empleo de más de 2.400 trabajadores".

Despedido el miembro de la familia Raventós

Según el sindicato, la decisión se conoció a finales de la semana pasada. Raventós pertenece a la familia propietaria del grupo Codorníu y decidió implicar personalmente a su compañía en el referendum declarado ilegal del 1 de Octubre en Cataluña. Raventós ha recibido para su empresa dinero público de la Generalitat, que le rescató con 3 millones de euros a pesar de las deudas que mantenía.

A cambio, según las investigaciones de la Guardia Civil, Raventós prestó asistencia al gobierno de Carles Puigdemont para tratar de hacer llegar las papeletas para votar. El 14 de diciembre, el directivo era detenido en el marco de las investigaciones sobre la trama que gestó la votación independentista en contra de los dictados del Tribunal Constitucional.



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