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Ineco subió el sueldo a directivos relacionados con el ERE pese a la expresa prohibición de Fomento

Ana Pastor, ministra de Fomento

La congelación salarial para empleados públicos y de las sociedades mercantiles públicas que impuso el actual Gobierno a comienzos de 2012, nada más llegar a la Moncloa, se pasó por alto en la ingeniería Ineco. Determinados directivos y empleados vieron incrementados sus emolumentos en 2013 y 2014 a pesar la normativa y también pese a que, en su momento, el Ministerio de Fomento transmitió a los principales responsables de la compañía la imperiosa necesidad de cumplir con ella.

Además, buena parte de los directivos y trabajadores que se han visto recompensados con esta subida al margen de la Ley están relacionados con el expediente de regulación de empleo (ERE) que Ineco aprobó a finales de 2012 y que afectó a 383 empleados de la ingeniería pública.

Así, uno de los beneficiados ha sido el subdirector de Relaciones Laborales y Servicios de la compañía, Álvaro Pérez Alcaide, que se incorporó a la compañía en febrero de 2012, a un departamento clave para la negociación del ERE con los representantes de los trabajadores. A pesar de su escasa antigüedad en la compañía, Pérez Alcaide vio incrementada su retribución mensual desde el entorno de los 3.250 euros que percibía en su primer año hasta los casi 3.600 registrados en 2014, de acuerdo con documentos a los que ha tenido acceso Vozpópuli.

Un caso prácticamente calcado fue el de Juan Manuel Hortalá, que en el momento de la firma del ERE era el presidente del comité de empresa de Madrid, y que vio como sus emolumentos se elevaron más de un 10% entre 2012 y 2014 cuando, teóricamente, todas las retribuciones de los trabajadores de Ineco deberían mantenerse congeladas.

La prohibición expresa de Fomento 

En 2013, el Ministerio de Fomento mantuvo una reunión con los principales responsables de Ineco para incidir en la necesidad de cumplir lo requerido por la normativa anteriormente citada. En el encuentro participaron Pablo Vázquez, por entonces presidente de Ineco, hoy presidente de Renfe; y la ex directora general, Berta Barrero, a la que Vázquez incorporó también a Renfe como su mano derecha.

Por parte de Fomento acudió al encuentro Pilar Fabregat, inspectora general del Ministerio, que hizo especial hincapié en cumplir con la congelación salarial hasta el punto de que trasladó a Vázquez y Barrero el requerimiento de cumplir estrictamente la cláusula de la Ley de Presupuestos que congelaba la retribución del personal laboral de la administración incluidos en el de las sociedades mercantiles estatales, dejando sin efecto la revisión salarial del 0,8% contemplada en el convenio del sector.

El resultado y las conclusiones de esta reunión, que tuvo lugar a finales de 2013, fue comunicado al comité de empresa de Ineco a través de un correo electrónico remitido desde el departamento de Relaciones Laborales. No obstante, el resto de los casi 3.000 empleados de la compañía no tuvieron en ese momento constancia de la existencia del encuentro.

La compañía negó las subidas

Aun así, las sospechas sobre incrementos salariales en la compañía llegaron a los representantes de los trabajadores, lo que motivó la difusión de algunas protestas entre las secciones sindicales. Eso sí, las reclamaciones no fueron masivas toda vez que algunos de los destacados sindicalistas de la empresa se contaban entre los beneficiarios de las subidas de sueldo expresamente prohibidas por Ley.  

No obstante, la situación forzó el envío de una misiva por parte de la directora general de Ineco en la que negaba este extremo, argumentando que los sindicatos habían empleado datos inexactos en algunos casos y obsoletos, en otros. En la carta, Barrero recordaba la obligación de congelar los sueldos y de ni siquiera aplicar la revisión del 0,8% recogida en el convenio.

Sin embargo, los incrementos citados anteriormente, y que afectan también a otras personas relacionadas con el ERE, no dejan en buen lugar a la anterior cúpula directiva de Ineco, ahora instalada en Renfe, y ponen bajo sospecha el proceso de reducción de plantilla que la compalía pública llevó a cabo para adaptarse a las circunstancias de la crisis, pese a las que no ha dejado de ser rentable. 

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