Banco Popular

La guerra de Banco Popular riega de millones a los grandes bufetes

Los grandes despachos tuvieron un papel clave en la ampliación, la destitución de Ron, la polémica con las remuneraciones de los directivos y la resolución del banco. Ahora tienen los juicios

La guerra de Banco Popular riega de millones a los grandes bufetes
La guerra de Banco Popular riega de millones a los grandes bufetes

Casi no hay un bufete de abogados en España que no tenga algo que ver con Banco Popular. Todo lo ocurrido en los dos últimos años con la entidad vendida a Santander ha inundado de trabajo al sector jurídico.

Más allá de los trabajos rutinarios del Popular con los abogados -cuestiones fiscales y regulatorias, principalmente), la entidad ha dado grandes encargos extraordinarios con la ampliación de capital, la guerra del consejo de finales de 2016, la polémica por las remuneraciones y el proceso de resolución de junio del año pasado.

Sólo la ampliación de capital de 2.500 millones dio trabajo a dos grandes bufetes, Uría Menéndez y Linklaters, y dos boutiques internacionales, Davis Polk & Wardwell y Shearman & Sterling. El papel de las dos primeras ha sido cuestionado en los últimos meses.

En el caso de Uría, se ha puesto en duda un posible conflicto de interés al ser asesor de Popular durante las semanas previas a la resolución y de Santander. Mientras, la polémica de Linklaters se ha centrado en el papel de su presidente en 2016, el actual presidente de la CNMV, Sebastián Albella. Tuvo que explicarlo en el Congreso, aclarando que se abstuvo en todas las votaciones de decisiones referidas a Popular dentro del supervisor.

Guerra del consejo

Tras la ampliación de junio de 2016, empezaron las disputas en el consejo de administración, con la consejera independiente, Reyes Calderón, y el mexicano Del Valle, maniobrando para derrocar a Ángel Ron, algo que consiguieron en diciembre.

Y, de nuevo, entraron en juego los despachos de abogados. Calderón se apoyó en su despacho de confianza -también lleva su defensa en la Audiencia-, Alemany, Escalona & De Fuentes. Y contrató al cazatalentos Spencer Stuart para buscar al sustituto de Ron. Por su parte, el entonces presidente también se asesoró legalmente, aunque perdió la batalla.

La batalla por la pensión de Ron ha exigido la participación de cinco bufetes: Garrigues, Sagardoy, Uría Menéndez, Pérez Llorca y KPMG

El siguiente capítulo de esta batalla financiero-legal es por la pensión de Ron. Tras la salida del presidente, Saracho y la Comisión de Remuneraciones decidieron revisar 12,8 millones de los 24 millones de prejubilación del expresidente. Posteriormente, Santander ha reclamado el dinero.

En este proceso participaron cinco bufetes: Garrigues y Sagardoy, que se posicionaron a favor de Ron y el resto de directivos; y Uría Menéndez, Pérez Llorca y KPMG, que se mostraron en contra de la remuneración.

Elke König, presidenta de la JUR.
Elke König, presidenta de la JUR. Kiko Huesca

Cuando se fue complicando la crisis de la entidad irrumpió de nuevo Linklaters, como asesor de la Junta Única de Resolución (JUR). Mientras, el Frob puso en manos de Baker Mckenzie su asesoramiento legal.

Todas estas contrataciones se han quedado en nada tras la resolución de Popular y la avalancha de demandas en España y en Europa -con 350 recursos- que van a colapsar los tribunales en los próximos años.



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