El Gobierno retoma la ofensiva para dificultar la compra de Abertis por Atlantia

El regreso a la actividad tras las vacaciones de verano ha supuesto también la reactivación de los planes del Gobierno para tratar de hacer hostil el intento de compra de Abertis por parte del grupo italiano Atlantia. El Ejecutivo de Mariano Rajoy está dispuesto a echar el resto con el fin de que la concesionaria de infraestructuras con sede en Barcelona no termine en manos foráneas. Una ofensiva que puso en marcha cuando se hizo oficial la intención de la empresa transalpina y que en los últimos días ha reavivado debido a que la oferta alternativa que estudia ACS está generando no pocas dudas en el mercado.

Desde el primer momento, la posibilidad de que otra gran empresa española acabara en manos de capital extranjero no fue vista con buenos ojos en Moncloa. En público, diferentes miembros del Ejecutivo han evitado pronunciarse sobre la operación con el argumento de que se trata de un contexto puramente empresarial, aunque sí han recordado que el Gobierno tendrá su papel en el caso de que, finalmente, la adquisición se lleve a cabo.

En privado, la visión no es tan amable. El Ejecutivo no quiere que se repita un episodio como el de Endesa, acontecido bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y cuyo resultado ha sido criticado en numerosas oportunidades por el equipo de Rajoy.

Según fuentes conocedoras de la situación, en los últimos días Moncloa ha reactivado las consultas a Abogacía del Estado y la petición de informes referidos a un escenario en el que la OPA de Atlantia acabe triunfando finalmente. De acuerdo con las citadas fuentes, la ofensiva del Gobierno se centra fundamentalmente en dos puntos: el control del operador de satélites Hispasat, del que Abertis controla un 90%, y aspectos relacionados con las concesiones de autopistas, especialmente el conflicto judicial relacionado con la AP-7.

Dos flancos para dar batalla

En cuanto al primero, la estrategia del Gobierno pasa por defender que Hispasat es un activo estratégico y que, por lo tanto, cualquier cambio de control debe contar con su autorización. A partir de entonces, el argumento seguiría por la vía de vetar el hecho de que una compañía extranjera sea la principal accionista del activo, aunque fuera de forma indirecta, lo que podría obligar a Atlantia a deshacerse de la participación en una de las joyas de la corona de Abertis.

El segundo pilar de la ofensiva gubernamental se basa igualmente en la autorización que debe conceder en el caso de que haya un cambio de control en una concesionaria de infraestructuras. Pero, además, también está el caso particular del conflicto judicial que Abertis sostiene con el Estado por la modificación del convenio de concesión de algunos tramos de la AP-7.

Por el momento, los tribunales han dado la razón a la compañía y han determinado que el Estado debe indemnizarle con casi 1.500 millones de euros en compensación por la caída de los tráficos en los citados tramos.

En su día, el Gobierno ya indicó que recurriría la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que Abertis no tiene derecho a esta indemnización. El Ejecutivo estudia con especial atención el caso con el fin de ver hasta qué punto se puede dilatar el proceso, es decir, con qué margen cuenta para cerrar la puerta a que Atlantia cuente con tal ingreso extraordinario para Abertis.

La opción de ACS genera dudas

La reactivación de la estrategia de Moncloa es consecuencia de las dudas que está generando la posibilidad de una contraoferta por Abertis a cargo de ACS, confirmada el pasado 21 de julio por la compañía que preside Florentino Pérez. Este opción sí cuenta con el beneplácito gubernamental pero, por el momento, parece algo atascada. 

En cambio, Atlantia sigue dando pasos firmes hacia la ejecución de la oferta, a la espera de la aprobación definitiva de la OPA por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Como adelantó Vozpópuli este martes, el grupo italiano ha remitido recientemente a la Comisión Europea la pertinente solicitud de autorización sobre la operación. El visto bueno comunitario despejaría mucho el camino para que el gigante italiano de las concesiones se alzara con su objetivo.