El Gobierno pide que la responsabilidad de la piratería recaiga sobre las empresas, no sobre los usuarios

En febrero de 2016 la Comisión Europea comenzó a trabajar en la reforma de las normas para que Europa esté a la cabeza del mundo digital. A tal fin se revisó todo lo concerniente a los derechos de autor y hace unos meses lanzó un borrador de propuesta de normativa en este sentido.

En el artículo 13 de ese borrador se expresa la obligatoriedad de que las empresas que ofrecen servicios en Internet -Youtube, Facebook, Wallapop, Google, Twitter, Instagram...- analicen el contenido que se sube a sus redes antes de ser publicado, y bloqueen todo aquello que no cumpla con la regulación de derechos de autor. Una medida que desde una de las patronales más grandes del sector tecnológico, Ametic (Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica), se critica con dureza.

"El artículo 13 restringe el acceso a la libre expresión, impacta en derechos fundamentales en Internet y amenaza a la innovación y la creación de empleo en la economía digital (...) La legislación actual ha roto barreras económicas, geográficas y sociales, globalizando la innovación y el acceso a la información y a los servicios a través de una infinidad de plataformas que actúan como intermediarios tecnológicos entre usuarios que ofertan y usuarios que demandan contenidos, productos o servicios de todo tipo", asegura la patronal en un comunicado.

Youtube o Facebook tienen más fuerza económica para desarrollar herramientas que detecten el contenido ilegal pero, ¿qué pasa con las empresas más pequeñas?"

Pero para España, Francia y Portugal, esta propuesta de medidas de la Unión Europea es insuficiente. Tras recibir el borrador y estudiarlo, los tres países piden, además, que la responsabilidad cuando se difunda contenido pirata recaiga sobre las empresas que den soporte a estos contenidos.

Es decir, si un usuario publica, por ejemplo, contenidos no ajustados a Copyright o derechos de autor, las empresas que ofrecen el servicio -Facebook, Youtube, Twitter...- serán quienes asumirían la culpa por ello, y no el usuario que las difunde. 

"La propuesta formulada por el Gobierno español quiere que el acto de la comunicación pública, de colgar el contenido, sea responsabilidad de la empresa y no del usuario. Esto obligaría a estos proveedores de almacenamiento, a los comercios en Internet, redes sociales o plataformas de vídeo, en resumen, a cualquier prestador de servicios online, a monitorizar y filtrar activamente los contenidos compartidos por los usuarios, con fuertes obligaciones para la detección y eliminación de contenidos que puedan estar protegidos por derechos de autor. Creo que es matar moscas a cañonazos", explica Amalia Pelegrín responsable de Digital Policy en Ametic.

Problemas para las pymes

Esto plantea, según Ametic, un grave problema para las pequeñas empresas, ya que tienen menor músculo financiero para automatizar procesos y detectar contenido ilegal antes de que se publique en sus plataformas. "Youtube o Facebook tienen más fuerza económica para desarrollar herramientas que detecten el contenido ilegal antes de que se difunda pero, ¿qué pasa con las empresas más pequeñas? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con las pymes españolas Wallapop o Cabify? ¿Tendrían posibilidad de invertir en una plataforma de discriminación de contenidos?", apunta Amalia.

"El actual régimen de responsabilidad ha demostrado ser fundamental para el desarrollo de Internet en España y Europa. Gracias a este régimen Internet ha roto barreras económicas, geográficas y sociales, globalizando la innovación y el acceso a la información y a los servicios a través de una infinidad de plataformas que actúan como intermediarios tecnológicos entre usuarios que ofertan y usuarios que demandan contenidos, productos o servicios de todo tipo", explica Ametic en un comunicado.

Si un usuario publicara contenidos no ajustados a Copyright o derechos de autor -como un partido de fútbol o de una película- en Facebook, Twitter o Instagram, las empresas que ofrecen el servicio serán quienes asumirían la culpa, y no el usuario que las difunde

Pelegrín, por su parte, concluye con la propuesta de regulación de la patronal para el Copyright en Internet: "Basta con los actuales procedimientos de retirada de contenidos ilegales cuando se publiquen y el establecimiento de códigos de conducta. Cuando alguien entra en tu casa necesita una orden judicial, no puede entrar por las buenas, que es lo que está planteando España en la Unión Europea".