Energía

El Gobierno de Colombia decide liquidar la filial de Gas Natural en el país

La Superintendencia de Servicios ha acordado iniciar el proceso de liquidación de Electricaribe, filial de Gas Natural que permanecía intervenida por el Gobierno colombiano desde noviembre.

Sede de Electricaribe en Colombia, custodiada por la Policía
Sede de Electricaribe en Colombia, custodiada por la Policía EFE

Capítulo final del culebrón de Gas Natural en Colombia. El Gobierno local ha iniciado el proceso de liquidación de Electricaribe, filial del grupo español, que permanecía intervenida desde noviembre. El Ejecutivo buscará con urgencia otra empresa para el suministro de electricidad a la zona operada por la compañía.

La Superintendencia de Servicios de Colombia ha justificado su decisión con los informes elaborados durante la intervención de la empresa, de los que concluye que el flujo de caja de Electricaribe serían negativos al menos hasta 2021, por lo que "la compañía no estará en capacidad de realizar las inversiones necesarias para garantizar la calidad y continuidad del servicio en las condiciones exigidas por la ley, ni cumplir con sus obligaciones mercantiles".

El Gobierno colombiano seguirá administrando de forma temporal la compañía hasta que concluya el proceso de elección de un nuevo operador que proporcione suministro eléctrico a los aproximadamente 2,5 millones de habitantes que habitan en la región operada aun por Electricaribe. 

El superintendente, José Miguel Mendoza, aclaró que el proceso de liquidación se llevará a cabo conforme indican las leyes locales, por lo que Gas Natural tan sólo recibirá alguna compensación económica por el proceso si quedaran recursos suficientes una vez que se haya pagado a los acreedores

Una intervención de cuatro meses

La decisión del Gobierno colombiano llega después de que hayan transcurrido cuatro meses desde la intervención de Electricaribe (dos iniciales más una prórroga de otros dos). La compañía, participada al 85% por Gas Natural y al 15% por el propio Estado, se encontraba en una insostenible situación financiera tras acumular una deuda de facturas sin cobrar que sobrepasaba los 1.200 millones de euros.

Tras la apelación por parte de Gas Natural a mediados del pasado mes de julio a un acuerdo bilateral para la protección de inversiones bilaterales entre España y Colombia, se abrió un periodo de seis meses para tratar de alcanzar una solución antes de acudir al Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.

Sin embargo, el Gobierno colombiano no agotó este tiempo. Ante la negativa de la compañía española a invertir más dinero en infraestructuras, lo que ponía en peligro el suministro eléctrico para la región a la que presta servicio Electricaribe, Bogotá acordó la intervención a mediados de noviembre.

En las últimas semanas se han intensificado los contactos para lograr un acuerdo que evitara la vía de los tribunales. Algunos de ellos, a los más elevados niveles, como la reunión que mantuvo el presidente del grupo energético, Isidro Fainé, con el presidente de la nación, Juan Manuel Santos, el pasado 11 de febrero, tres días después de que Gas Natural comunicara al mercado su decisión de sacar a Electricaribe de su balance y valorar el activo en 475 millones de euros.

Negociaciones sin acuerdo

En aquel encuentro, Fainé fijó la posición de Gas Natural en la negociación: la compañía quiere quedarse en Colombia pero siempre y cuando el Gobierno promueva los cambios necesarios para que no vuelva a repetirse la situación que llevó a la intervención. Una de las principales reclamaciones de la empresa para apelar al citado tratado bilateral de protección de inversiones fue la existencia de numerosos obstáculos a la hora de luchar contra la elevada mora y el masivo fraude en el consumo eléctrico.

No obstante, el avance de las conversaciones entre las partes ha sido escaso desde entonces. Este lunes se produjo la última reunión, a 24 horas de que finalizara el periodo de intervención y que el Gobierno tomara una decisión definitiva. A la misma acudió por sorpresa Fainé, lo que destapó los rumores sobre un posible acuerdo de última hora. Tras el encuentro, tanto el Ejecutivo local como la compañía guardaron un absoluto mutismo a la espera de la comunicación oficial de la decisión gubernamental.

Durante la intervención, el Gobierno no ha llevado a cabo tampoco las inversiones que reclamaba a la compañía. Lo que sí ha hecho ha sido tomar medidas contra la morosidad, incluidos cortes del suministro a instituciones como ayuntamientos, escuelas y hospitales, que acumulaban grandes deudas con Electricaribe, y también acordar restricciones del servicio en los barrios con mayor tasa de mora. En cualquier caso, medidas que impedía tomar a Gas Natural, que tampoco contaba con el apoyo de la Justicia local cuando acudía a denunciar casos tanto de mora como de fraude.

La prensa local ha destacado en los últimos días que durante la intervención el Gobierno colombiano también ha dejado deudas a las empresas generadoras de energía, como hacía Electricaribe bajo la gestión del grupo español, una de las circunstancias que hacían peligrar el suministro.



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