Chipre, Panamá, Liechtenstein... Díaz Ferrán evadió el dinero de Marsans a 11 paraísos fiscales

'Movido' destino el del dinero del Grupo Marsans. Uno de sus propietarios, Gerardo Díaz Ferrán, y el liquidador del mismo, Ángel del Cabo, crearon una compleja trama de una docena de empresas en el extranjero para poner a salvo de los acreedores los millones de euros que consiguieron con la venta fraudulenta de sus activos. Así lo cree el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que en los últimos meses ha emitido nueve comisiones rogatorias a las Justicias de otros tantos países, principalmente paraísos fiscales, para que localicen y, en su caso, embarguen empresas y propiedades de los dos principales detenidos de la Operación Crucero, en prisión preventiva desde el 6 de diciembre. Además, el magistrado señala en sus escritos sus fundadas sospechas de que otros dos lugares con legislaciones laxas en material financiera también pueden haber servido de cobijo para el dinero evadido, aunque aún no ha remitido peticiones de colaboración a los autoridades judiciales de los mismos.

El juez ha emitido comisiones rogatorias a Holanda, Suiza, Liechtenstein, Irlanda, EEUU, Chipre, Portugal, México y Panamá, y menciona en sus autos a Malta y Hong-Kong

En concreto, el juez Velasco ha enviado comisiones rogatorias a Holanda, Suiza, Liechtenstein, Irlanda, EEUU, Chipre, Portugal, México y Panamá, según consta en el sumario al que ha tenido acceso Vozpópuli. Además, en sus escritos, el magistrado recoge literalmente su convencimiento de que los encausados poseen también sociedades pantalla en Malta y Hong-Kong, lugares que califica como "jurisdicciones de riesgo" en temas económicos. Las investigaciones han permitido, de hecho, detectar una docena de empresas radicadas en estos once países y sobre la que ha pedido datos a las autoridades judiciales de estos estados. El magistrado ha pedido también que bloqueen cualquier cuenta que esté a nombre de Díaz Ferrrán, de De Cabo, de la mujer de éste, María Consuelo Garrido, de sus dos personas de confianza, Iván Losada y Susana Mora, y de uno de sus supuestos testaferros, Carmelo Estellés.

Así, en Liechtenstein tiene su sede la mercantil Drelac Anstalt, al frente de la cual se encuentra precisamente este último. Esta sociedad es la titular de una cuenta en el Liechtenstein Landesbank, de Vaduz, a la que el 1 de agosto de 2011 la trama transfirió 635.000 dólares norteamericanos. La compañía contaba con una  sucursal en España. Otro de los paraísos fiscales supuestamente utilizados por la trama fue Chipre. Hasta allí lleva la empresa Plyntari Limited, una mercantil domiciliada en un centro de negocios de Limassol, la capital de esta isla del Mediterráneo, en la que, de nuevo, el presunto testaferro es Estellés Giménez. Según las investigaciones policiales, esta sociedad era la titular de dos contratos de reconocimiento con garantía hipotecaria elevados a público en julio de 2012 por los que, sobre el papel, es titular de todas las propiedades de las dos sociedades patrimoniales del principal cerebro de la trama, Ángel de Cabo, incluida la lujosa vivienda donde residía.

Cerca de 5 millones de euros en Suiza

También en Europa, en concreto en Suiza, se encuentra la pista que ha llevado a los investigadores hasta una tercera empresa fantasma: Merlín IV. Esta mercantil era la titular de una cuenta en la sucursal del BBVA en el país helvético a la que en mayo de 2011 se transfirió desde España 4,9 millones de euros. Las autoridades de Berna, las únicas que han respondido en sentido positivo a la justicia española, vinculan este depósito directamente con Ángel de Cabo y lo bloquearon como reclamaba el juez Velasco.

Una empresa con sede en Chipre tiene los derechos sobre todas las propiedades del principal cerebro de la trama, el ‘liquidador’ Ángel de Cabo

En Irlanda está situada otra de las piezas claves para saquear el Grupo Marsans: la empresa Astra Worlwide International Leasing Limited, creada en 2006 por el propio Díaz Ferrán y su socio, el fallecido Gonzalo Pacual. Una cuenta de la misma sirvió de puente para que la red pusiera a salvo los 33,8 millones de dólares que Airbus devolvió a Marsans tras renunciar ésta a adquirir nuevos aviones para la compañía Air Comet. Desde Astra International, el dinero fue enviado a la empresa española Aszendia Asociados 21 SL, propiedad de Ángel de Cabo. El nombre de esta compañía irlandesa también aparece en otros movimientos sospechosos del grupo en los momentos previos al concurso de acreedores.

También con el nombre de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual fue adquirida en noviembre de 2007 otra de las mercantiles investigadas, la holandesa Ubert Real Estates BV. Los dos empresarios españoles abonaron por ella a otra empresa de este país  35 millones de dólares, de los que dejaron pendiente de pago 27 millones de euros. Por ello, redactaron un contrato de reconocimiento de deuda en el que pusieron como garantía de dicha cantidad tres fincas mexicanas a pesar de que, sobre el papel, ninguno de ellos era propietario de los mismos. En realidad, la propietaria de los terrenos era la empresa mexicana, Desarrolladora Saclol SA, cuyo representante en la firma fue Gerardo Díaz Santamaría, el hijo del expresidente de la CEOE.

‘Jarro de agua fría’ desde México

Sobre esta sospechosa operación, la Audiencia Nacional ya ha recibido la respuesta a sendas comisiones rogatorias enviadas a Holanda y México. El fiscal de Rotterdam remitió recientemente un escrito al juez Velasco pidiendo una aclaración sobre la empresa Ubert Real Estates BV y de qué modo puede estar implicada en la trama, así como que le concrete qué cantidad de dinero pretende que embargue. Los mexicanos, sin embargo, se han negado en redondo a bloquear las tres fincas mexicanas al considerar que sus propietarios no son ninguno de los investigados, sino una sociedad de su país, y que por tanto no corresponde intervenir dichas propiedades.

México se ha negado a embargar tres fincas relacionadas con la familia de Díaz Ferrán. Holanda ha pedido al juez aclaraciones antes de actuar

No es la única vez en el que la familia directa de Díaz Ferrán aparece en operaciones internacionales destinadas supuestamente a ocultar su patrimonio. Así, su esposa, Raquel Santamaría, y sus dos hijas, Raquel María y Marta Díaz Santamaría, aparecen con diferentes cargos en la empresa Holdisan Inversiones SL, implicada a través de una filial norteamericana de idéntico nombre en la compra en 2007 de dos apartamentos de lujo en Nueva York valorados en más de 10 millones de euros y que intentaron ser vendidos en enero de 2012. En esta empresa también aparecía la mercantil Posibilitum, la firma-matriz de De Cabo. El juez también ha enviado una comisión rogatoria a las autoridades de EEUU para que impidan que se enajenen dichos inmuebles.

La Operación Crucero también investiga si el fallecido Gonzalo Pascual era propietario de dos fincas de 445 y 380 hectáreas en el municipio de Vimieiro (Portugal), denominadas Alvaroanes y Landina, y que fueron adquiridas por las sociedades Sociedade Agricole da Herdade Bladio y Sociedade Agricola de Caldelas. En esta última sociedad figuran como administradores el ex socio de Díaz Ferrán y su mujer, María de los Ángeles de Riva Zorrilla. El matrimonio también aparece en el país vecino como administradores de una mercantil denominada Horizontesclasse-Agencia de Viagens e Turismo Uniperssoal. Las autoridades de Lisboa también han recibido una petición de embargo de estos terrenos y cualquier otro bien que pudiesen tener en el país los investigados.

Por último, el juez Velasco ha pedido la colaboración de las autoridades de Panamá. Allí, y gracias al testimonio de algunos testigos, la investigación ha detectado una nueva empresa de la trama, The Finest SA, una sociedad constituida en 1998, según el registro del país centroamericano consultado por este diario, y que fue adquirida poco antes de los arrestos por la también detenida Susana Mora, secretaria y persona de máxima confianza de Ángel de Cabo. Es, supuestamente, la última empresa de una trama internacional que la Audiencia Nacional comenzó a investigar a raíz de una denuncia del despacho de abogados Ashurst en nombre de cuatro grandes acreedores de Marsans (Meliá, AC Hoteles, Pullmantur y Orizonia) que veían como las posibilidades se cobrar sus deudas se escapaba rumbo a paraísos fiscales.