Energía

La Generalitat admitió que su Ley de pobreza energética genera dudas sobre su aplicación

El Gobierno catalán abrirá un expediente sancionador a Gas Natural por el caso de la anciana fallecida en Reus, a la que cortó el suministro de luz sin avisar a los servicios sociales. Sin embargo, el propio Ejecutivo admitía poco antes que había que trabajar en la normativa porque generaba dudas.

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat
Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat EFE

Gas NaturalFenosa se enfrenta a una posible sanción por parte de la Generalitat de Cataluña debido al caso de la anciana en situación de vulnerabilidad fallecida en Reus, a la que la compañía había cortado el suministro de luz por impago continuado. La compañía siempre ha sostenido que el problema se debe a la falta de desarrollo de la Ley de pobreza energética catalana y las dudas que genera. Sin embargo, parece ser que no era la única que tenía este problema. Apenas unos meses antes del trágico suceso, la propia Generalitat admitía que la normativa no estaba clara, lo que iba en detrimento de la protección de las personas.

El pasado 14 de noviembre, una octogenaria fallecía en su domicilio de Reus en un incendio provocado por unas velas que iluminaban el hogar después de que Gas Natural hubiera cortado el suministro de electricidad por impago reiterado. Las Administraciones acusaron a la empresa de haber actuado de forma contraria a la ley al no haber advertido a los servicios sociales de la interrupción del servicio, toda vez que la víctima se encontraba en situación de vulnerabilidad.

En su defensa, Gas Natural ha asegurado desconocer la situación de la anciana debido a que no había sido informada por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus, uno de los más de 400 con los que la compañía tiene firmado un convenio para la protección de personas en situación de pobreza. Un problema relacionado con la falta de desarrollo de la Ley de pobreza energética aprobada el pasado año por la Generalitat pero que aún está pendiente de su correspondiente desarrollo reglamentario.

Argumentos que no le han servido frente al Gobierno catalán, que ha argumentado que la normativa es muy clara al respecto y que no es necesario ningún protocolo ni reglamento que la desarrolle. Una cuestión que parece muy clara tras el trágico accidente de la vecina de Reus pero que no lo estaba tanto hace apenas unos meses.

En concreto, a mediados de junio se celebró una reunión de la denominada Mesa de Emergencia en el Ámbito del Hogar y la Pobreza Energética, en la que Montserrat Ribera, la directora de la Agencia Catalana de Consumo (órgano dependiente de la Generalitat) admitió que la normativa sobre pobreza energética generaba dudas.

Acta de la reunión de la Mesa de Emergencia para la Pobreza Energética (13-6-2016)
Acta de la reunión de la Mesa de Emergencia para la Pobreza Energética (13-6-2016)

"La señora Montserrat Ribera expuso que igualmente se está trabajando en los protocolos que permiten desarrollar el artículo 6 de la Ley 24/2015 a los efectos de evitar dudas en su aplicación por parte de las empresas y los servicios sociales, a los efectos de garantizar la protección de las personas", según reza el acta de la citada reunión (ver último párrafo del documento adjunto)

Esas dudas para la aplicación de la normativa eran reales. De hecho, los protocolos que establecen los distintos convenios que Gas Natural tiene firmados con distintas Administraciones Públicas son diferentes, en ocasiones contradictorios.

Sin ir más lejos, la anciana fallecida en Reus aparecía como persona vulnerable en los registros de los servicios de agua, pero no en el de los de energía. Una incongruencia que ha terminado por costarle la vida.

Declaraciones contradictorias

Pese a que la Generalitat era consciente de la necesidad de desarrollar la Ley para evitar las dudas, no ha dudado en cargar contra Gas Natural. Así, Jordi Baiget, conseller de Economía (precisamente el departamento del que depende la Agencia Catalana de Consumo), señaló tras el fatal suceso que "el protocolo que debería haber seguido la compañía Gas Natural con los servicios sociales no se ha llevado a cabo y por eso ha pasado lo que ha pasado", para después concluir que "la Ley de Pobreza Energética es suficientemente clara y no requiere de ningún reglamento adicional". 

Un discurso que parece contradecir el de la Agencia y que tampoco están en línea con lo manifestado por la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Reus, Montserrat Vilella, quien aseguró que "la Ley habla de establecer un protocolo pero tampoco dice exactamente cómo", por lo que reclamó que se definiera la cuestión. 

Por el momento, el reglamento de la Ley catalana aun tardará en llegar, dado que actualmente tan sólo existe un borrador que está en fase de negociación entre la Administración y las compañías. Gas Natural está dispuesta a asumir su responsabilidad en este asunto pero no a que todo su peso recaiga sobre ella, toda vez que parece probado que la indefinición normativa y las dudas en torno a la Ley también tuvieron algo que decir sobre este asunto. 

La más que probable sanción de la Generalitat abrirá sin duda el debate, con los argumentos que unos y otros pondrán encima de la mesa para su defensa.



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