Publicado: 27/01/2014 04:00
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN ) celebrado a principios de enero aprobó una resolución para que la central nuclear de Santa María de Garoña esté sometida a un Sistema de Supervisión y Seguridad especial, adaptado al "cese definitivo de explotación", situación en la que se encuentra desde el 6 de julio de 2013.
La decisión del supervisor nuclear implica una dificultad más para que Endesa e Iberdrola, que controlan al 50% Nuclenor, la sociedad que explota la planta burgalesa, consigan las autorizaciones pertinentes para reabrirla.
El operador de la central, si así lo desean sus accionistas, podría solicitar una renovación de la autorización de explotación en 2014 si el Gobierno modifica el Reglamento de Seguridad Nuclear y Radiológica (RINR), pero el cuerpo técnico del CSN sigue trabajando en el cese definitivo de explotación (la situación legal actual de la planta).
En el marco de este proceso, el organismo regulador, con esta resolución, da un paso más para que la planta burgalesa disponga de un nuevo status quo de vigilancia adaptado a su cierre definitivo, distinto al resto de las plantas españolas en operación, que se seguirán evaluando por el Sistema Integrado de Supervisión de las Centrales (SISC), mucho más exigente.
Según refleja el acta, la propuesta aprobada por unanimidad en el Pleno del Consejo de principios de enero (ver página 7), Garoña se regirá a partir de ahora por un nuevo sistema adaptado a su situación especial de parada.
El CSN coloca a Garoña en un nuevo sistema de supervisión menos exigente que a otras centrales, dada su situación de "cese definitivo de explotación"
Dado que ésta se produjo por motivos administrativos (el 6 de julio de 2013 expiró la licencia de Garoña, sin que sus propietarios solicitaran la autorización de renovación), la planta está en situación de "cese definitivo de explotación", pero sus propietarios pueden activar a partir de ahora todos los procesos para volver a ponerla en marcha si el Gobierno modifica la legislación vigente (la normativa actual impide que Garoña pueda volver a operar).
El supervisor nuclear se limita a hacer su trabajo y, en línea con la normativa vigente, será menos exigente con una planta fuera de explotación.
Dado que la parada se produjo porque expiró la autorización de explotación (aunque Nuclenor siempre alegó "motivos económicos") y que está en situación de cese de explotación, la central no tiene que estar bajo los mismos parámetros de vigilancia y supervisión que el resto de reactores
Al estar parada (dejó de producir electricidad en diciembre de 2012), el CSN ha decidido sacarla del SISC, como reza en la resolución del Pleno tras la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear: "El actual Sistema Integrado de Supervisión de las Centrales (SISC) se basa en el análisis de parámetros que son de difícil aplicación a la situación de cese definitivo de explotación en la que actualmente se encuentra la Central Nuclear de Santa María de Garoña, por lo que se hace preciso establecer un nuevo sistema de supervisión más adecuado, en el que desaparecen los indicadores en los que se basan los análisis del SISC y el código de colores usado para categorizar los hallazgos de Inspección".
Mientras el CSN trabaja en una dirección, el Gobierno lo hace en la contraria. El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, tiene previsto llevar en breve al Consejo de Ministros el Real Decreto que permitiría a la central solicitar una renovación de su autorización de explotación y una hipotética reapertura de la central.
El Gobierno trabaja en línea contraria a la del CSN, que como marca la normativa trata a Garoña como una central parada definitivamente
Y eso se va a producir, según el Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en el último Consejo de Ministros de enero (próximo viernes) o en los de principios de febrero. “La decisión de seguir la tiene que adoptar el operador (Nuclenor). Lo que hace el Gobierno es fijar el marco normativo”, señaló Nadal hace unos días.
Pero esta vez, el Ejecutivo no quiere dejar resquicios para que los líos administrativos o la batalla de sus dueños conIndustria den al traste con la reapertura de la planta. Eso fue lo que ocurrió durante 2013. Endesa e Iberdrola tensaron la cuerda con el ministro Soria, en el marco de los contactos para el diseño de una reforma energética a la que se opusieron las eléctricas.
El titular de Industria, por su parte, les devolvió la pelota retrasando la salida en el BOE de la orden ministerial que hubiera facilitado una prórroga para que los propietarios tomaran la decisión definitiva de cierre o reapertura. La situación fue tan tensa que Nuclenor dejó pasar varias oportunidades para solicitar su continuidad y se produjeron tensas reuniones en el CSN (uno en mayo y otro en julio) con división del pleno y la emisión de dos votos particulares de las consejeras del PSOE en el CSN, Rosario Velasco y Cristina Narbona, y de otro ulterior voto particular de la ex-ministra de Medio Ambiente, criticando la reforma legislativa que este año pretende aprobar el Gobierno.
El Ejecutivo también cambió el impuesto de residuos nucleares para que Endesa e Iberdrola se ahorren 153 millones de euros si reabren la central
El Ejecutivo también hizo en septiembre una modificación del impuesto de residuos nucleares que ahorrará 153 millones de euros en tasas a Endesa e Iberdrola cuando la central burgalesa vuelva a producir electricidad.
Fue tal el lío entre las dos partes a finales de junio y a principios de julio que el día 6 de ese mes, la central entró en cese de explotación. Desde entonces, y pese a las críticas de los grupos ecologistas y los partidos de izquierda, el Ejecutivo de Rajoy ha hecho todo lo posible por facilitarle las cosas a las dos eléctricas para que Garoña vuelva a producir electricidad.
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