Los fondos expresan a García-Legaz su malestar por el recorte a la termosolar

Los fondos internacionales con intereses en la energía termosolar en España tienen decidido agotar todas las vías ante el recorte a la retribución de esta tecnología que contempla la denominada reforma energética concebida al alimón por los ministerios de Industria y Hacienda. Aunque el recorte no entrará en vigor hasta enero, los fondos mueven ficha. Por todos los medios. Consideran que el proyecto de ley de Sostenibilidad Energética remitido a las Cortes ha activado la causa de arbitraje (lo que en argot jurídico se denomina un triggering event), y quieren defender sus intereses por lo que consideran una medida retroactiva e ilegal.

La presión, que ya fue notoria durante la larga gestación de la reforma, va a más. Este miércoles, representantes de fondos con sede en Londres expresaron en privado a Jaime García-Legaz su malestar por el recorte, aprovechando el road-show que el secretario de Estado de Comercio realizó en la capital británica para vender las reformas del Gobierno a los inversores internacionales. Una situación incómoda para García-Legaz, que poco antes de incorporarse al Ejecutivo abogaba, al referirse a las energías renovables, por “dar seguridad jurídica a quienes han invertido” porque “cambiar las reglas de juego a mitad partido no es justo ni positivo”, en alusión al recorte a las primas fotovoltaicas que aprobó el anterior Gobierno.

La semana pasada, el Ministerio de Economía (al que está adscrita la Secretaría de Estado de Comercio) publicó en la web The Spanish Economy (destinada a restaurar la confianza de los inversores internacionales) un breve documento descriptivo de la reforma energética que asegura que "establece claros incentivos para las futuras inversiones en tecnologías energéticas bajas en emisiones de carbono y restaura la confianza y la visibilidad para los inversores", una afirmación que choca con el punto de vista de los fondos. Algunas de estas firmas mantienen conversaciones con el Gobierno para que inviertan en el sector de las infraestructuras.

El guión del muy probable recurso de los fondos a un arbitraje se asemeja al que siguió a la bajada de los incentivos a los huertos solares, que propició la demanda de un grupo de fondos extranjeros que actualmente dirime otro tribunal internacional en Ginebra.

La mayoría de los fondos procede de países adheridos al Tratado sobre la Carta de Energía, por lo que el arbitraje se dirimiría en Londres

Si finalmente hay arbitraje, fuentes del sector apuntan que el proceso se dirimirá muy probablemente en la sede londinense del organismo (dependiente del Banco Mundial), ya que la mayoría pertenece a países adheridos al Tratado sobre la Carta de Energía (TCE), un instrumento multilateral para la promoción y cooperación en el sector energético que entró en vigor en 1998 y al que están adheridos 52 Estados. Entre ellos, España, y Reino Unido, Francia, Alemania, Japón o Suiza, países de procedencia de muchos de los fondos. No obstante, entre ellos no figura Estados Unidos.

El proceso no sería inmediato. Fuentes jurídicas aseguran que, una vez entre en vigor la reforma energética, se abriría un periodo transitorio (de enfriamiento o cool period) de seis meses para intentar una salida negociada, similar al que está a punto de agotar Repsol con Argentina.

Sería el tercer contencioso de este tipo que se inicia contra España ante esa instancia desde que se adhirió en 1994. Actualmente, muy pocos miembros de la UE tienen abiertos procesos en esa instancia, que desde 2009 ha dirimido contenciosos comerciales en países como Venezuela, Argentina, Burundi, Guatemala, Macedonia, Guinea, Líbano, El Salvador, Turkmenistán, el Congo o Togo, entre otros.

Los fondos están utilizando ese argumento (comparar a España con Burundi o el Congo) para defender sus intereses, aunque este año el Ciadi (que será la instancia a la que acudirá Repsol tras la expropiación de YPF) ha recibido una solicitud de arbitraje contra Alemania por parte de la eléctrica sueca Vattenfall, tras el apagón nuclear anunciado el año pasado por el Gobierno de Ángela Merkel tras la catástrofe de Fukushima (Japón).

Más de un tercio de las plantas tiene presencia extranjera; Protermosolar cifra el recorte en el 18-20%

Los inversores extranjeros (grandes empresas o fondos de inversión) en esta tecnología, que está copada por la conocida como "triple A" (Abengoa, Acciona y ACS), están presentes en más de un tercio de las plantas termosolares que existen en España, que es líder mundial en esta tecnología. Participan en centrales con una potencia cercana a los 1.100 megavatios (MW) que están en marcha (la mayoría) o en construcción. Los países extranjeros con más intereses son Alemania (empresas de ese país participan en plantas con 400 MW de potencia), Japón (300 MW), Reino Unido (150 MW), Estados Unidos (100 MW) y Emiratos Árabes (70 MW). También hay compañías francesas y suizas.

En el caso de Emiratos Árabes y Japón, hay involucradas incluso instituciones públicas, como la Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), la agencia nipona de crédito a la exportación. Por parte de Alemania, destacan el fondo RREEF (de Deutsche Bank), el grupo de renovables Novatec, la eléctrica RWE, Siemens y E.ON, y por Francia, el fondo Antin (BNP).

La patronal del sector en España, Protermosolar, hizo público este jueves su rechazo a la reforma energética, que en su opinión contempla medidas “claramente discriminatorias para las energías renovables“, que no van a poder repercutir a los precios la tasa única del 6% a las diferentes tecnologías, a diferencia de las eléctricas tradicionales.

Protermosolar considera que la retirada de prima a la producción con gas de estas plantas (hasta un 15% del total anual) es “retroactiva”. Si se suma a la citada tasa a la generación y al denominado céntimo verde al gas, la bajada de los ingresos para estas plantas ronda el 18%-20%, según la patronal. La semana que viene, la asociación iniciará los contactos con los grupos parlamentarios para intentar neutralizar el recorte, aunque es consciente que debe ser el Grupo Popular el que tome la decisión.