Energía

Florentino se desmarca: ACS dice que la anulación de la indemnización por el Castor no le afecta

El grupo de construcción y servicios, principal accionista de la concesionaria del polémico almacén de gas, descarta que cualquier medida que se tome a raíz de la sentencia del Constitucional que declara nula la indemnización que percibió en su día por la renuncia al Castor tenga impacto alguno en sus cuentas

El presidente de ACS, Florentino Pérez
El presidente de ACS, Florentino Pérez EFE

ACS cuenta con que la decisión del Tribunal Constitucional de anular la indemnización de 1.350 millones de euros a Escal, operadora del polémico almacén de gas Castor, no le afectará lo más mínimo, pese a ser el principal accionista de la sociedad que renunció a la concesión por los numerosos seísmos provocados por la puesta en marcha de la infraestructura. Y todo apunta a que, en efecto, en ningún caso el grupo que preside Florentino Pérez se verá afectado por el más que probable proceso judicial que desencadenarán los efectos de la sentencia.

El grupo de construcción y servicios menciona de forma sucinta el fallo del Constitucional en el informe anual correspondiente al pasado ejercicio pero descarta que vaya a tener algún tipo de consecuencia para la compañía. "El Grupo, con el apoyo de sus asesores jurídicos, no considera que se pueda derivar perjuicio alguno como consecuencia de esta situación", se apunta en el informe de ACS.

Tras la publicación de la sentencia del Constitucional, que estimaba de forma parcial el recurso interpuesto por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y la Generalitat de Cataluña contra la decisión del Gobierno de aprobar un Real Decreto para articular la indemnización y la declaraba nula, el Gobierno procedió a suspender de inmediato el pago de la misma, aunque la afectada ya no era Escal sino Santander, Caixabank y Bankia, las entidades financieras que habían adquirido los derechos de cobro de la deuda derivada del Castor, que había sido titulizada por Enagás.

Precisamente en virtud del Real Decreto al que afecta la sentencia del Constitucional, Escal (participada al 66% por ACS) percibió en poco más de un mes la milmillonaria compensación por la reversión de la concesión del Castor. El Ejecutivo decidió cargar la indemnización al sistema gasista, vía recibo, por un periodo de 30 años, para compensar la deuda de la infraestructura, provisionalmente asumida por Enagás como gestor del sistema y transferida posteriormente a los mencionados bancos, propietarios desde entonces de los derechos de cobro.

Moncloa marca el camino de los tribunales

En el momento en que el Gobierno suspendió el pago de esta cantidad, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, vaticinó en sede parlamentaria que el contenido de la sentencia (que, en realidad, no cuestionaba la compensación sino la forma de articularla a través de un Real Decreto al entender que no se daba la situación de urgente necesidad que lo justifica) derivaría en un nuevo proceso judicial. Textualmente, habló de una "elevada litigiosidad".

Desde la suspensión de los pagos, las entidades financieras afectadas estudian la forma de reclamar que se ejecuten los derechos de cobro que adquirieron en su día a Enagás. Entre las numerosas posibilidades que han estudiado se encontraba demandar jurídicamente a Escal para que devolviera la compensación. Las otras opciones pasaban por ir contra el Estado o bien contra Enagás.

En este sentido, ACS ni siquiera considera la posibilidad de que el posible proceso judicial le afecte de forma alguna. De hecho, la compañía tampoco incluye en sus cuentas anuales ningún tipo de provisión al respecto.

La banca no irá contra Escal

Pese a lo que pudiera parecer en principio, no se trata de una imprudencia ni de un exceso de confianza. Fuentes conocedoras de la situación aseguran que la acción conjunta de las entidades financieras no se dirigirá en ningún caso contra Escal, ya que los asesores jurídicos de los bancos afectados consideran inviable lograr algo a través de esa vía.

Todo apunta a que las reclamaciones se dirigirán contra el Estado. Una situación que el Gobierno parece tener descontada y que, incluso, le permite ganar tiempo mientras encuentra una solución adecuada para solventar el problema. Un problema que, por ahora, sigue instalado en la banca.



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