Publicado: 10/06/2016 04:00
El tan manido concepto de la inseguridad jurídica afecta también a mercados tan, en principio, poco dudosos en este campo como el de EEUU. La Cámara de Representantes del estado de Carolina del Norte ha aprobado iniciar el proceso para revocar la concesión de un contrato de construcción y operación de una autopista adjudicado en su día a Ferrovial, con una inversión prevista de unos 650 millones de dólares (aproximadamente 580 millones de euros). La decisión no obedece a problemas con el proyecto sino al hecho de que los promotores de la iniciativa consideran que la obra es innecesaria y, además, supone un coste excesivo para la Administración. El proceso se enmarca en una batalla política en las filas del Partido Republicano, toda vez que han sido congresistas de esta formación los que han encabezado el movimiento contra la concesión, frente a la opinión del actual gobernador, también republicano, partidario de continuar con ella.
La indemnización por la revocación de la concesión podría alcanzar 300 millones de dólares
No obstante, los promotores de revocar la concesión han obtenido una amplia mayoría en la Cámara de Representantes del estado, con lo que la medida pasará a ser debatida en el Senado, que no tiene un plazo definido para tratar la cuestión. Uno de los puntos más delicados es el de la indemnización que tendría que percibir Ferrovial si finalmente se lleva a cabo la revocación, que podría alcanzar los 300 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos del Departamento de Transportes de Carolina del Norte, favorable a que el proyecto se lleve a cabo.
Estos cálculos no fueron incluidos en la propuesta del congresista republicano que aboga por la anulación de la concesión, lo que ha sido objeto de polémica, toda vez que sí forman parte de la que registró otra representante, en este caso del Partido Demócrata, que también solicitaba la revocación.
Ferrovial comenzó las obras tras el verano de 2015, una vez cerrada la financiación, toda vez que el compromiso es finalizarlas en 2018. Fuentes conocedoras de la situación apuntan que los trabajos marchan a buen ritmo y no se han visto afectados por el debate político. Mientras, la compañía declinó hacer comentarios sobre la información.
En principio, los planes de Ferrovial con esta concesión seguirán adelante, toda vez que el problema no se debe a incumplimiento alguno del contrato por su parte.
Republicanos contra demócratas
En realidad, la batalla política en la que ahora se ve inmerso el grupo presidido por Rafael del Pino viene de lejos. En su día, fue una gobernadora demócrata, Beverly Perdue, la que promovió el proyecto de ampliar la autopista I-77 a su paso por Charlotte, la principal ciudad del estado, con el fin de descongestionar el tráfico. El plan consiste en habilitar carriles adicionales de peaje electrónico a lo largo de 41 kilómetros, mediante un contrato que incluiría el diseño y construcción de la ampliación más la explotación de esos peajes por un periodo de 50 años.
En marzo de 2014, Ferrovial, a través de su filial de infraestructuras Cintra, se hizo con la concesión. Poco antes, los republicanos habían recuperado el poder en Carolina del Norte, tras 20 años de dominio demócrata. Desde el primer momento, congresistas republicanos instaron al nuevo gobernador, Pat McCrory, que diera marcha atrás al proceso de concesión. Pero éste siempre defendió que ya era demasiado tarde para hacerlo, por lo que decidió seguir adelante con el proyecto.
Contra su opinión, los propios representantes de su partido han trabajado desde entonces para echar abajo la concesión pese a las advertencias del Departamento de Transportes de que los costes de hacerlo pueden ser incluso superiores a los que supone para Carolina del Norte llevar a cabo la ampliación de la autopista. El organismo también ha advertido de las consecuencias negativas que tendría una hipotética revocación con vistas a futuras inversiones en el estado. La controvertida inseguridad jurídica.
EEUU es uno de los principales mercados para Ferrovial, que cuenta con un buen número de concesiones de infraestructuras en el país, algunas de ellas muy similares a ésta.
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