Publicado: 05/07/2013 04:00
La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) acaba de cancelar el único contrato que había abierto hasta ahora para preparar el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que en teoría (sólo en teoría) debería cerrar definitivamente mañana.
La empresa ha renunciado a adjudicar el Servicio de Revisión de Documentación de Explotación en Parada de la central. Enresa convocó el concurso en marzo pasado, una vez que sus propietarias, Endesa e Iberdrola, habían comunicado el cierre, ajena a la “intuición” expresada por esas fechas por el ministro de Industria, José Manuel Soria, de que sus negociaciones con ambas eléctricas permitirían revocar su cierre definitivo.
Según Enresa, que comunicó su decisión el pasado martes, "se renuncia al contrato en virtud de lo establecido en el artículo 155 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público", que establece que "sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente".
Fuentes de Enresa explican que la empresa ha renunciado a la contratación “debido a que, coincidiendo con los plazos establecidos en la licitación para proceder a la apertura de plicas y adjudicar" el concurso, en pasado, "Nuclenor (la sociedad que explota la planta solicitó y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) apreció conceder a los operadores de Garoña un año adicional para solicitar la prórroga de su vida útil, aunque finalmente el Ministerio no accediera a ello”.
En ese momento, y cumpliendo con la ley de contratación que hacía imposible prolongar los plazos del concurso "hasta que se aclarase la situación, Enresa ha decidido desistir de esta licitación hasta que se dirima esta situación y relanzar el proceso de nuevo en caso que fuera necesario”, añaden desde la empresa pública.
El vodevil de Garoña está corriendo paralelo a la tortuosa (y opaca) elaboración de la reforma energética, que podría aprobar el Gobierno dentro de una semana.
Teóricamente, y conforme a lo previsto en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, con anterioridad al 6 de julio (es decir, mañana sábado), el Ministerio de Industria deberá declarar mediante orden ministerial el cese definitivo de explotación de la planta.
No obstante, el departamento de Soria “está analizando la situación en relación con los aspectos relacionados con la regulación del cese definitivo de explotación de las centrales nucleares”, ya que ese cese definitivo “se produce por razones distintas a la seguridad nuclear”, según explicó el mes pasado el ministro en el Congreso.
Enresa tenía previsto gastarse un máximo de 600.000 euros (sin incluir el IVA) en la adjudicación del servicio de ingeniería para la revisión de la documentación de explotación relativa a la parada de la central. Esta lleva parada desde mediados de diciembre, poco antes de la entrada en vigor de la batería de impuestos al sector que, según Endesa e Iberdrola, hacen que la instalación sea "inviable" económicamente.
El contrato cancelado por Enresa tenía un periodo de ejecución de doce meses a iniciar a partir de este mes y comprendía, entre otras tareas, la definición de las actividades de descontaminación y la evaluación de los riesgos asociados a las mismas, así como el análisis de la documentación de explotación en parada “para incluir, con el detalle necesario, las citadas actividades y los riesgos asociados a las mismas, así como reducir requisitos reglamentarios en el proceso de transición y facilitar el licenciamiento de la fase de desmantelamiento”, según el pliego de condiciones.
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