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Las empresas energéticas copan el lobby español en Estados Unidos

El sector de la energía tiene un indiscutible protagonismo en las tareas de lobby promovidas por las compañías españolas ante los legisladores de Estados Unidos. Una actividad que en ese país está mucho más regulada que en Europa (las empresas que la realicen están obligadas a rendir cuentas en un registro público que gestiona el Senado de EEUU) y a la que, en sumas relativamente modestas (rara vez superiores al millón de dólares por ejercicio), un puñado de empresas nacionales se ha dedicado de manera constante desde principios de la pasada década, de forma paralela a su internacionalización.

A partir de 2010, y sólo teniendo en cuenta las actividades realizadas por sociedades radicadas en España, el cabildeo nacional en ese país ha estado prácticamente monopolizado por cinco firmas del sector energético: Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, Abengoa, Gamesa y Repsol. Entre todas, han destinado 5,17 millones de dólares a estas actividades desde entonces.

Iberdrola es y ha sido la más activa. Desde el año 2010, ha destinado 1,8 millones de dólares a intentar persuadir a los legisladores estadounidenses para que adopten decisiones favorables a sus intereses.  Estados Unidos fue en 2011, tras España y Reino Unido, el tercer mercado en importancia para la eléctrica, que ha pagado un total de 3,6 millones de dólares por actividades de lobby desde 2006.

EEUU debe decidir tras las elecciones si renueva su sistema de incentivos a las renovables a través de créditos fiscales

La Casa Blanca deberá decidir a partir de noviembre, tras las elecciones legislativas, si prorroga el sistema de incentivos fiscales, actualmente suspendido, con el que estimulaba la promoción de proyectos de energías renovables. Iberdrola lleva desembolsados este año 324.000 dólares para lograrlo, bien de forma directa, bien a través de grupos de presión especializados.

El más habitual es Capitol Tax Partners, un despacho que ayuda a sus clientes a “navegar por el proceso de toma de decisiones políticas y a desarrollar e implementar una estrategia exitosa”, según su web, y que, como manda una norma no escrita para este tipo de entidades, está radicado en Washington, ciudad que concentra el mayor número de lobistas del mundo, seguida por Bruselas.

La segunda empresa española que más dinero se ha gastado en tareas de lobby en Estados Unidos en los últimos tres ejercicios es Gas Natural-Fenosa. Las operaciones se concentran en 2011, cuando pagó 1,25 millones de dólares a la firma Barbour, Griffith & Rogers por tres trabajos de “consultoría estratégica” sobre el mercado estadounidense del gas. Uno de los principales accionistas de la gasista, Repsol, se gastó 110.000 dólares en 2011 para intentar conseguir una legislación favorable en materia de exploraciones en aguas profundas.

Abengoa lleva destinado fondos a lobbistas desde el año 2004

En el caso de Abengoa, una de las más veteranas en estas lides (lleva declarando pagos por este concepto desde 2004, con más de 2 millones de dólares abonados a diferentes especialistas en presionar a los gobiernos y legisladores), los desembolsos han sido menores, pero constantes a lo largo del tiempo. La empresa andaluza, que este año ha registrado operaciones de lobby por importe de 280.000 dólares, se ha gastado 1,18 millones de dólares desde 2010, casi siempre, a través de grupos de presión externos como Bockorny Group, O´Neill, Athy & Casey, Ernst & Young y Cornerstone Government Affairs.

Como para Iberdrola, EEUU es un mercado clave para Abengoa: en 2011, fue el segundo más importante por facturación, tras España (con el 19% de sus ventas), y copó el 38% de su negocio de biocombustibles. La aprobación de licencias, permisos y autorizaciones para construir, operar o modificar un proyecto de renovables o de transmisión de energía en ese país conlleva un “tortuoso proceso”, según reconoce el grupo, sexto productor de bioetanol en ese país, en el que actualmente construye dos enormes plantas de energía termosolar, de 280 megavatios cada una.

Gamesa ha contratado al despacho de un exasesor de Clinton y un consejero del candidato republicano a la Casa Blanca

Por fin, Gamesa, cuyo mayor accionista es Iberdrola, se ha gastado 840.000 dólares desde 2011 (280.000 dólares este año) para intentar que los legisladores de EEUU adopten decisiones favorables a sus intereses, siempre a través de Quinn Gillespie & Associates, que tiene entre sus socios al abogado Jack Quinn. Exasesor del presidente Bill Clinton, Quinn montó la firma en 1997 junto con Ed Gillespie, que actualmente asesora al candidato republicano a la Casa Blanca, Mitt Romney.

Desde 2010, también constan gastos de otras tres empresas con sede social en España: el grupo tecnológico Indra (con 30.000 dólares en 2010) y dos firmas poco conocidas, Ingeniería y Control Remoto (60.000 dólares en 2010) y Esinor Group (100.000 dólares en 2011). Pero la presencia de las energéticas es la nota dominante. 

Tras la decidida apuesta de Barack Obama por las renovables, las empresas de este sector han tomado el relevo de las de telecomunicaciones y concesiones. Así, Abertis destinó 775.000 dólares a tareas de lobby en EEUU entre 2006 y 2009 y Telefónica, 660.000 dólares entre 2005 y 2008. Antes, llegaron otras como FCC (100.000 dólares en 2004), Amadeus (20.000 dólares en 2000) y la sociedad estatal Expansión Exterior (con sendas aportaciones de 24.000 dólares en 2003 y 2004). 

Desde 2000, las empresas españolas se han gastado casi diez millones de dólares en hacer llegar sus inquietudes a los legisladores estadounidenses. Una actividad que en Estados Unidos está plenamente aceptada; baste recordar Gracias por Fumar, aquella película de 2005 cuyo protagonista, un lobbista al servicio de la industria tabaquera, se esforzaba en convencer al personal de que el tabaco "mola".

Las cifras desembolsadas por las empresas españolas para presionar en EEUU son, muy probablemente, discretas comparadas lo que se han gastado en actividades ante las autoridades de la Unión Europea. La UE también cuenta con un registro de actividades de grupos de presión (inexistente en España), aunque en este caso la inscripción en el mismo es voluntaria.

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