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El 'lobby del ladrillo' presiona en Bruselas para que el Gobierno quite el monopolio a REE

Cañete, Valls y Rajoy inauguran la línea de interconexión eléctrica entre España y Francia.

Hay en juego muchos millones de inversión para los próximos años y los grandes grupos constructores de infraestructuras (eléctricas entre ellas), con OHL y Dragados (ACS) a la cabeza, quieren su parte del pastel.

Pero ese pastel, en un principio, está en manos de Red Eléctrica (REE), el operador de transporte de capital semipúblico (la Sepi controla un 20%) que tiene el monopolio de las redes de alta tensión en España. Es la compañía presidida por José Folgado la encargada de desarrollar los nuevos proyectos de interconexión, entre los que destaca el cable submarino de 400 kilómetros que unirá España con Francia por el Golfo de Vizcaya y supondrá una inversión inicial de entre 1.600 y 1.900 millones de euros.

Y vendrán más proyectos en la próxima década, todos ellos auspiciados desde la Comisión, que los considera estratégicos para garantizar el suministro eléctrico en el sur de Europa.

Los gigantes de las infraestructuras quieren participar en la nueva interconexión a través del Golfo de Vizcaya, cuya inversión podría llegar a 1.900 millones

Tan golosos proyectos han movilizado a los grandes del ladrillo españoles, que quieren que los contratos y adjudicaciones tanto de la construcción como de la explotación de esas nuevas redes de interconexión se abran a terceros.

¿Por qué no pueden OHL, Dragados u otras compañías gestionar redes de alta tensión? ¿Tienen sentido este tipo de monopolios de los operadores nacionales en un mercado único europeo? Estas reflexiones han llegado a Bruselas, por obra y gracia de los lobbies de los sectores interesados en que estos proyectos se liberalicen, señalan fuentes del sector consultadas por Vozpópuli.

Y Bruselas les ha 'comprado' el enfoque. El Ejecutivo comunitario abrió una investigación al respecto a mediados de 2013, para comprobar el grado de transposición de las directivas sobre los mercados interiores de electricidad y gas en España. Y la Comisión ha concluido que España incumple, al menos, diez artículos de varias directivas al ser transpuestas a la Ley del Sector Eléctrico y a la de Hidrocarburos.

Bruselas preparará un dictamen en el que podría obligar a España a abrir la explotación de las interconexiones a terceros operadores

Bruselas cuestiona que España proteja a sus monopolios (REE en electricidad y Enagás en transporte de gas) e impida que otras compañías puedan explotar las interconexiones internacionales en ambos sectores.

La Comisión ha pedido por carta al Gobierno español que dé nuevas explicaciones de por qué se da esta situación y, en función de ello, elaborará un dictamen que podría suponer un serio varapalo sobre todo para Red Eléctrica, afirman estas fuentes.

La Ley Eléctrica establece que el operador del sistema sea también el gesto de la red de transporte de alta tensión y el de las interconexiones internacionales. Además reconoce el "régimen de exclusividad" de REE, que actuará como "transportista único".

Para la Comisión, esta legislación supone una limitación para la entrada de nuevos operadores y entra en clara "contradicción con las directivas" europeas.

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