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Endesa y Técnicas Reunidas entierran su empresa conjunta de biocarburantes

La justicia reclama a Endesa
Sede central de Endesa en Madrid.

Punto final a la aventura de Green Fuel, la empresa de biocarburantes participada, entre otras grandes compañías, por Endesa y Técnicas Reunidas y que, a mediados de la pasada década, fue uno de los exponentes más prometedores de un negocio que hoy vive sus horas más bajas. La matriz del grupo, Green Fuel Corporación, que en 2007 llegó a manejar un ambicioso plan de inversiones (550 millones de euros en España, otros países europeos y Latinoamérica), acaba de entrar en liquidación tras años de agonía.

Las empresas españolas dedicadas a esta actividad están cayendo "como moscas" ante la imposibilidad de competir en los mercados internacionales, dice un observador del sector, al que la Administración (en su momento, su principal impulsor al establecer los objetivos de consumo obligatorio que marca la UE) acaba de dar un serio golpe al rebajar cuotas para este año (han pasado del 6,5% del consumo total de gasolina y diésel al 4,1%) en un Real Decreto Ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

Green Fuel es un exponente más de ese espectacular declive. La disolución de la sociedad, entre cuyos accionistas también estaba la asturiana TSK, se veía venir desde hace tiempo aunque no fue acordada hasta julio pasado, en una junta de accionistas celebrada en la sede de Endesa en Madrid. La eléctrica llegó a tener un 25% de la compañía, en la que entró en 2005, aunque ya en 2010 esa participación había quedado reducida a un 8,83% que acabó en manos de Enel Green Power, filial de renovables de la italiana Enel, principal accionista de Endesa.

Por su parte, el grupo de ingeniería Técnicas Reunidas se había incorporado al proyecto en 2003, con la compra de un 15% que fue incrementando sucesivamente hasta alcanzar el 36,8% en 2010 mediante una ampliación de capital en la que desembolsó 400.000 euros.

En 2007, justo antes del estallido de la crisis financiera y de la espectacular escalada de los precios del petróleo y los alimentos de 2008 (que puso en entredicho la idoneidad de los biocarburantes como alternativa a los combustibles fósiles), Green Fuel manejaba un ambicioso plan de crecimiento, tanto en España (en concreto, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Aragón y Castilla la Mancha) y el exterior, a través de filiales en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Grecia, Bulgaria, Rumanía y Portugal. 

La Corporación Empresarial de Extremadura, sociedad de capital riesgo participada por la Junta, también apostó por el proyecto

Aquello se quedó en nada y el único activo tangible que llegó a tener la compañía fue una planta de producción de biodiésel en Los Santos de Maimona (Badajoz), la primera que construyó, que tras una inversión de 27 millones de euros, fue vendida en 2011 a inversores estadounidenses, según fuentes al tanto del proceso. La empresa propietaria de la instalación (que apenas llegó a entrar en funcionamiento), Green Fuel Extremadura, se declaró en concurso voluntario de acreedores en octubre pasado. Entre sus accionistas estaba la Corporación Empresarial de Extremadura, sociedad de capital riesgo participada por la Junta y un heterogéneo grupo de empresas.

En los boletines oficiales constan al menos dos ayudas públicas adjudicadas por el Estado a Green Fuel por importe de 4,6 millones de euros y en principio condicionadas a la ejecución de unas inversiones que, probablemente, no se llevaron a cabo. Por un lado, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (dependiente del Ministerio de Industria) concedió en abril de 2010 un total de 2,7 millones de euros a la filial en Aragón en concepto de ayudas destinadas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras.

Por otro, el Ministerio de Economía autorizó en junio de 2009 una subvención de 1,9 millones para la filial castellano-leonesa, aunque la orden que adjudicó las ayudas especificaba que, en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, el beneficiario estaría obligado a reintegrar las cantidades que hubiera recibido, con intereses. 

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