Endesa e Iberdrola volverán a enfrentarse por Garoña con el Gobierno de perfil

No habrá sorpresas en torno a Garoña, al menos a corto plazo. El consejo de Nuclenor, propietaria de la central nuclear y participada al 50% por Endesa e Iberdrola, vivirá este miércoles la escenificación del enésimo enfrentamiento entre sus socios por el futuro de la instalación. Sobre la mesa, el debate sobre si desistir de la renovación de la autorización de explotación de la central, que defiende Iberdrola, o mantenerse a la espera de que el Gobierno se pronuncie, como sostiene Endesa. Posturas que no cambiarán el miércoles.

El proceso sobre el futuro de Garoña sufrió un considerable vaivén después de que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se pronunciara públicamente, por primera vez, en contra de prolongar la vida de la central nuclear, lo que en numerosas ocasiones ha sostenido la empresa en privado. Una cuestión de rentabilidad, asociada a la fuerte carga fiscal que pesa sobre del negocio nuclear desde la reforma de 2012, que hace que prácticamente la mitad de los ingresos de las centrales se esfumen vía impuestos, lo que hace muy complicado rentabilizar la inversión.

Es el caso de Garoña y de otras centrales, con la diferencia de que la instalación burgalesa está, además, cerrada precisamente desde entonces. Sin embargo, la posición de Endesa pasa por esperar a que el Gobierno se pronuncie sobre la petición de prolongar la vida de Garoña, tras el preceptivo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), emitido el pasado mes de febrero y, al contrario de lo que estaba previsto, sin que los propietarios de la central hubieran terminado de acometer las inversiones exigidas en su día para prorrogar su vida durante cuatro años.

Tras la emisión del informe, el Gobierno se dio un plazo de seis meses para pronunciarse sobre si autorizaba o no prolongar la vida útil de la central burgalesa. Ese tiempo quería aprovecharlo para elevar consultas a empresas, lobbys, partidos políticos y organizaciones ecologistas, entre otros colectivos. Pero, por el momento, las consultas han brillado por su ausencia.

Sin mensaje del Gobierno

Llegado a este punto, las empresas no han oído de parte del Gobierno lo que quisieran escuchar: una disminución de la carga fiscal sobre las nucleares con el fin de fomentar la ampliación de la vida de las centrales, a lo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy es completamente favorable.

Las empresas no han oído de parte del Gobierno lo que quisieran escuchar: una disminución de la carga fiscal sobre las nucleares

Pero no ha sucedido nada ni cercano a esto. Este lunes, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha recordado que hay pendiente un compromiso con Ciudadanos para realizar una auditoría sobre las energías no replicables, la nuclear y la hidráulica, y que serán precisamente sus resultados los que sirvan de base para determinar si se trata de negocios rentables o no. Es decir, prolongar aún más el debate y una situación que, en el caso de Garoña, Iberdrola ya consideraba insostenible hace un año.

Al debate sobre la energía nuclear se sumó la pasada semana Gas Natural Fenosa. Su consejero delegado, Rafael Villaseca, se pronunció públicamente por primera vez sobre la energía nuclear en España y lo hizo en línea con lo manifestado por Galán: con el actual esquema fiscal, no es rentable invertir en las centrales.

Un problema en cadena

El alineamiento de Iberdrola y Gas Natural Fenosa en este punto coincide, de acuerdo con fuentes del sector, con su apuesta por los ciclos combinados, que podrían ser los grandes beneficiados si finalmente se optara por un repliegue de la energía nuclear en España. Algo que parece poco probable.

Sin embargo, bien es cierto que el Gobierno permanece, por el momento, en un segundo plano. Algo que llama la atención, toda vez que Garoña (que es la central más pequeña y que lleva casi cinco años sin funcionar) no es lo único que está en juego. En breve, otras instalaciones tendrán que iniciar el proceso para optar a ampliar su vida útil y el Ejecutivo se arriesga a que sigan el mismo camino que el de la central burgalesa, cuyo futuro, según todo parece indicar, seguirá en el aire tras el consejo del miércoles.