Las eléctricas mueven ficha: firman acuerdos con los ayuntamientos para no cortar la luz a los más pobres

Podemos, Ciudadanos, PSOE y otras formaciones minoritarias (Izquierda Plural, Compromís, Equo, UPyD…) han hecho bandera de la lucha contra la pobreza energética y han apuntado directamente al Gobierno y a las compañías eléctricas como los principales culpables de que haya miles de hogares a los que se le corta la luz y el gas por impago en pleno invierno.

Al Gobierno central por no hacer nada al respecto y a los gigantes eléctricos por, según su criterio, no tener sensibilidad social en los momentos más duros de la crisis, en un país en el que hay 4 millones de familias en situación de pobreza energética.

Ahora, tras las elecciones de mayo pasado, estas formaciones emergentes gobiernan en importantes ciudades (Barcelona, Madrid, Valencia, La Coruña, Santiago, Cádiz…) y apoyan o sustentan muchos gobiernos autonómicos (Madrid, Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura…).

Endesa ha sellado 90 acuerdos por toda España, Gas Natural decenas de convenios e Iberdrola ha hecho lo propio con Bilbao y la Junta de Castilla y León

Y las compañías eléctricas no están tardando en adaptarse a los nuevos tiempos y firmando acuerdos y convenios con las Administraciones Públicas.

Endesa es la compañía que más acuerdos ha sellado. Es verdad que la empresa controlada por el grupo italiano Enel lleva ya dos años negociando este tipo de iniciativas para intentar cortar la luz por impago al menor número de hogares posible.

La empresa ha firmado 90 acuerdos con otros tantos ayuntamientos (Barcelona y los principales municipios de su cinturón, Zaragoza, Sevilla, Huesca, varias ciudades de Baleares y Canarias…).

También Iberdrola ha movido ficha y ha tenido que entenderse con formaciones políticas a las que hace un año casi ninguneaba. El grupo que preside Ignacio Sánchez Galán ha suscrito, por ahora, sólo dos acuerdos, uno con el Ayuntamiento de Bilbao, donde tiene su sede social, y otro con la Junta de Castilla y León y la Federación Regional de Municipios y Provincias.

El objetivo, según la compañía, es “prestar atención a los clientes en situación de vulnerabilidad y colaborar, según las políticas que establezcan las Administraciones Públicas competentes en cada caso, para facilitar el acceso continuado al suministro de energía eléctrica y gas”.

Las compañías se ofrecen a asumir el coste del impago para evitar el corte del suministro hasta que el ayuntamiento se haga cargo o dé las ayudas correspondientes

Con el consistorio bilbaíno, la compañía “establecerá los mecanismos de coordinación necesarios de cara a tratar de evitar la suspensión del suministro eléctrico y/o gas por impago de la factura a los ciudadanos económicamente desfavorecidos”.

La otra gran eléctrica, Gas Natural Fenosa, tiene “firmados convenios con algunas administraciones para que, mediante la intermediación, se puedan encontrar soluciones pactadas para poder ayudar a resolver casos de población vulnerable que no pueden asumir las facturas de energía. Por ejemplo, hay convenios firmados con el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Zaragoza o la Autoridad Metropolitana de Barcelona (que engloba cerca de 40 municipios y el 90% del total de los consumos del área metropolitana). En los acuerdos vigentes, la compañía se hace cargo de la deuda del cliente durante los plazos acordados, sin aplicación de ningún tipo de recargo”.

Según afirman desde la compañía catalana, también se han sellado acuerdos a nivel autonómico con la Junta de Castilla y León, “así como acuerdos con más de una decena de ayuntamientos, como por ejemplo, Logroño, Lleida o Reus”.

Cada una a su estilo, las tres grandes compañías, tantas veces criticadas por formaciones como Podemos, que ha llegado a proponer en varios actos públicos la renacionalización de las compañías privatizadas para eliminar el oligopolio, han hecho guiños claros para tender puentes con los nuevos partidos que se han hecho con importantes cuotas de poder y tienen una clara vocación social en su modelo de gobierno.

Desde el sector eléctrico se propone, además, destinar los casi 200 millones de euros que cada año cuesta el bono social a luchar contra la pobreza energética. En España hay 2,5 millones de hogares que están acogidos a este bono que pagan las eléctricas. Consumidores con potencias inferiores a 3 kilovatios, hogares con todos los miembros en paro, pensionistas y familias numerosas se benefician de esta prebenda social, que sin embargo no criba a estos colectivos en función de la renta, lo que genera importantes distorsiones.