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La obligación de financiar el déficit de tarifa dispara las alarmas entre las renovables

Una instalación renovable.

Puede ser “la puntilla” para las renovables, en palabras del presidente de una de las principales patronales del sector de las energías limpias, muy agitado estos días ante la entrada en vigor del nuevo sistema de cofinanciación del déficit de tarifa eléctrico contenido en la nueva Ley del Sector Eléctrico.

Pese a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ratificó el esquema vigente en los últimos años, que obligaba a las cinco grandes eléctricas a financiar ese agujero al ser las “principales protagonistas” del sector y representar la “práctica totalidad” del mismo, desde este mes, si hay déficit, ese desfase lo van a tener que soportar, en tanto no se titulice, todos los operadores con actividades reguladas, tal y como venían reclamando desde hace años las compañías de Unesa.

Las empresas de renovables han estrenado el nuevo año con un frenético intercambio de información, a través de sus patronales, para intentar determinar el alcance práctico de esa modificación legal que, resume una de las fuentes consultadas, en función de cómo se interprete un artículo de la nueva ley, puede llevar a las plantas de renovables a ver recortados “a cero” sus ingresos en casos puntuales (y extremos) si, pese al aluvión de cambios normativos y recortes de retribución aprobados por los dos últimos gobiernos para intentar contener el multimillonario déficit de tarifa, el agujero sigue generándose.

Cuatro de las cinco principales asociaciones del sector, Appa, Protermosolar, y las fotovoltaicas Unef y Anpier, trabajan estos días en un documento conjunto que debería plasmar cuál va a ser la afección concreta del nuevo escenario normativo de cofinanciación, en una iniciativa colectiva en la que no está presente la patronal eólica, AEE, dominada por las grandes eléctricas.

Lo que puede avecinarse es, someramente, un problema de caja para un sector ya muy mermado. Y es que, de forma un tanto ambigua, el artículo 19 de la nueva ley estipula que, si en las liquidaciones mensuales aparecen “desviaciones transitorias” entre los ingresos y los costes regulados del sistema (donde se genera el déficit), estas “serán soportadas por los sujetos del sistema de liquidación de forma proporcional a la retribución que les corresponda en cada liquidación mensual” y, posteriormente, las “aportaciones por desajuste que se deriven de la liquidación de cierre” del ejercicio se recuperarán en cinco años, añadiéndoles un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado.

"Puede haber meses en los que no que no cobremos retribución alguna", temen desde una patronal

El temor de las empresas de renovables, que hasta ahora cobraban religiosamente su prima en función de su producción mensual, hubiera o no déficit, es que la posible aparición de nuevos desajustes pueda significar que se recorten a la baja, más aún, sus ingresos esperados, de forma proporcional a la insuficiencia de ingresos del sistema.

En el peor de los escenarios, aseguran desde una asociación del sector, “puede haber meses y meses en los que, con todos los recortes que ya hemos soportado, estemos sin cobrar retribución alguna” si no hay dinero en la caja eléctrica que gestiona la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Y, en el caso de las empresas más pequeñas y con menor músculo financiero, ese escenario puede ser letal, teniendo en cuenta que muchos operadores del sector ya atraviesan graves problemas de tesorería por los recortes acumulados.

Además, añade esa misma fuente, “nosotros no podemos ir al FADE”, el fondo del Tesoro que hasta ahora ha titulizado la deuda eléctrica de las grandes del sector.

La aparición de nuevos déficit no es en absoluto descartable, en vista de la experiencia acumulada y porque, por ejemplo, todavía está por ver cuándo va a poner Hacienda a disposición del sistema eléctrico la totalidad de los impuestos que recauda al sector desde enero de 2012 con el teórico objetivo de enjugar el déficit eléctrico.

A ellos hay que sumar los efectos del nuevo sistema de “rentabilidad razonable” que el Ministerio de Industria debe determinar a través de un compendio de costes estándares e incentivos a la inversión para las renovables, anunciado hace más de seis meses. Este nuevo esquema debe sustituir al modelo de primas que, de forma transitoria, las plantas siguen cobrando desde julio; primas que van a tener que devolver cuando entre en vigor el nuevo modelo.

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