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El Defensor del Pueblo Europeo investiga la resolución de Banco Popular

La responsable del Defensor del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, decide investigar la falta de transparencia de la Junta Única de Resolución en la crisis del Popular

Congreso acusa a König de afear al Parlamento y no aclarar venta del Popular
Congreso acusa a König de afear al Parlamento y no aclarar venta del Popular Kiko Huesca

Tercer toque de atención a la Junta Única de Resolución (JUR) por Banco Popular a nivel comunitario en apenas unos meses. Tras los informes en su contra del Panel de Apelación y el Tribunal de Cuentas de la UE, ahora ha sido el Defensor del Pueblo Europeo quien ha abierto una investigación por sus actuaciones con Popular.

Emily O'Really, responsable de este organismo, "ha decidido llevar a cabo una investigación de oficio en vista del elevado número de reclamaciones recibidas sobre la denegación de acceso a documentos relativos a la resolución del Banco Popular por parte de la JUR", según fuentes consultadas por este medio.

El caso se abrió el pasado viernes 23 de marzo y responde al malestar, las quejas y recursos de los afectados por la resolución de Popular, que desde junio de 2017 vienen reclamando la documentación necesaria para sus recursos.

La JUR se ha negado en múltiples ocasiones a facilitar documentación, y sólo tras un fallo de su propio Panel de Apelación accedió a dar el informe de Deloitte y el expediente de resolución, aunque censurados.

Las actuaciones de la JUR y su responsables, Elke König, están bajo sospecha de los afectados por las filtraciones de mayo de 2017 que aceleraron la fuga de depósitos. König también se llevó una reprimenda del Congreso por su comparecencia de diciembre.

Sentencia en Oviedo

Esta decisión del Defensor del Pueblo Europeo es la segunda buena noticia de esta semana para los afectados del Popular, después de que un juzgado de Oviedo haya fijado la primera sentencia por la compra de acciones de la entidad, a favor de los demandantes.

En concreto, el titular del juzgado declara la anulación de la compra de 5.000 acciones realizada por un minorista entre junio y noviembre de 2016 por importe de 5.455,65 euros, que la entidad deberá restituir al demandante más los intereses.



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