Ecologistas denunciarán al pleno del CSN por "prevaricación y delito de coacción" con el ATC

Ecologistas en Acción prepara una denuncia contra el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por "prevaricación y un posible delito de coacción contra los técnicos del organismo" en el proceso de análisis y autorización previa del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares que Enresa va a construir en Villar de Cañas (Cuenca).

Según han confirmado a Vozpópuli fuentes oficiales de la organización ecologista, la decisión de presentar la denuncia se tomará en breve, después de que sus asesores jurídicos redacten el texto de la misma. Por un lado, tanto Ecologistas en Acción como el cuerpo técnico del CSN coinciden en que la autorización previa dada a Enresa por el Pleno del Consejo para poner en marcha la construcción del basurero nuclear se hizo a sabiendas de que los terrenos elegidos suponen un riesgo para la seguridad del almacén, tal y como alertaron tanto los técnicos del área geológica del CSN como la consultora especializada URS.

Los geólogos del CSN alertaron de las "características desfavorables" de los terrenos elegidos y a cómo esto puede influir en la "seguridad operativa" del ATC. También avisaron de los sobrecostes (más de 200 millones de euros) que generaría paliar esos problemas y carencias geológicas de los terrenos.

Todos los consejeros, excepto Narbona, apoyaron la autorización previa del ATC a sabiendas de que los terrenos no son seguros

La consultora estadounidense a la que el CSN encargó un informe independiente concluyó que "el emplazamiento previsto es inadecuado" y avisó de la inestabilidad de la cimentación de los edificios que albergarán los residuos de muy alta radiactividad por las filtraciones de agua y la posible disolución de los yesos de los terrenos.

Pese a todos estos informes desfavorables, el Pleno del CSN del 27 de julio de 2015 dio a Enresa la "autorización previa" para comenzar los trabajos de construcción del cementerio nuclear, lo que provocó una demoledor voto particular de la consejera Cristina Narbona, la única que se mostró en contra de la decisión del organismo presidido por Fernando Marti.

La consejera nombrada a propuesta del PSOE acusó  a sus compañeros del Pleno de autorizar el ATC sin ceñirse al “exquisito y escrupuloso respeto a las máximas condiciones de seguridad” ni cumplir los principios de “neutralidad, independencia, transparencia y credibilidad exigibles al regulador nuclear”.

Tanto los ecologistas como el cuerpo técnico del CSN denuncian las coacciones infligidas a algunos funcionarios para que los informes fuesen favorables

Los asesores de Ecologistas en Acción utilizarán este voto particular en su argumentario jurídico para presentar la denuncia por prevaricación. Los otros cuatro consejeros sabían que estaban autorizando la construcción de un almacén de residuos radiactivos en unos terrenos que no garantizan la seguridad y aun así siguieron adelante, denuncian las fuentes de Ecologistas.

Pero además de esto, la organización ecologista, en línea con las denuncias internas de un buen número de técnicos, acusa al presidente del CSN y sus consejeros afines (el pleno lo forman cinco miembros, tres a propuesta del PP, tras la renuncia del consejero de CiU, y dos por PSOE) de coaccionar a los técnicos para conseguir informes favorables que respaldaran la autorización previa para Enresa.

"Los responsables del CSN, al ver que los técnicos del área de Geología no emitían informes favorables, acudieron a los técnicos del área de Ingeniería, a los que presionaron para que sus informes fueran favorables a la autorización", señalan las fuentes consultadas en Ecologistas en Acción.